viernes, 29 de octubre de 2010

La negociación colectiva en el Uruguay: puntos a favor y en contra

En Uruguay el Derecho Laboral no dispone de su propio código y se ha guiado durante muchísimos años por la práctica o la doctrina sobre el tema. La negociación colectiva siempre se consideró como un instrumento indispensable en las relaciones laborales sin embargo no disponía de un marco normativo. Esto se subsana en el 2009 con la promulgación de la ley 18566-Sistema de Negociación Colectiva. En su articulado se detallan los principios y derechos fundamentales de este sistema, entre ellos el deber de negociar de buena fe, la colaboración y consulta entre las partes buscando como objetivo la comprensión mutua y las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y trabajadores.
Hasta la aprobación de esta ley solo se encontraban regulados los Consejos de Salarios , en la misma se busca regular y prevenir los conflictos laborales incorporando competencias al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para actuar en materia de medición y conciliación de conflictos colectivos de trabajo e incorporando claúsulas como la contenida en el art 21 que algunos legisladores entienden como cláusula de paz que establece que durante la vigencia de los convenios que se celebren, las partes se obligan a no promover acciones que contradigan lo pactado ni aplicar medidas de fuerza de ningún tipo por este motivo procurando agotar todas las instancias de negociación directa entre las partes, y luego con la intervención de la autoridad ministerial competente, para evitar el conflicto y las acciones y efectos generados por este.
Una novedad significativa en la ley es la posibilidad de fijar condiciones laborales, se puede por fin negociar respecto de las condiciones de trabajo con la salvedad de que debe votarse por unanimidad.
Otra mejora al régimen anterior es la posibilidad de convocar a Consejos de Salarios, a solicitud de las organizaciones representativas del sector de actividad correspondiente, que garantiza un nivel de negociación permanente e igualdad en la realización de la convocatoria

Los empresarios se han mostrado en contra esta ley, sobre todo en la fijación de parámetros referidos a las condiciones de trabajo y reivindicaciones sobre igualdad de género, se sigue aceptando su aplicación para la fijación de salarios mínimos por sector y categorías. La negociación para el PIT-CNT establece que los ajustes de salarios deben ser proporcionales a las perspectivas de crecimiento previstas por el sector económico del Gobierno de un 4% del PBI en el año 2010 y con aumento sostenido para los próximos años. Para los empresarios se debe considerar la productividad real de su sector o de la empresa en particular.
A la fecha se ha detectado lentitudes en las negociaciones colectivas luego de la aplicación de esta ley, en la práctica los acuerdos alcanzados no acompañan el crecimiento económico proyectado. Hay 220 grupos que componen los consejos de salarios y la mayoría de los grupos importantes no ha logrado acuerdos y parte de esto se debe a que si bien esta ley instala un Consejo Superior Tripartito cuyo objetivo es la coordinación y gobernanza de las relaciones laborales que se encuentra integrado por 9 delegados del Poder Ejecutivo , 6 delegados de las organizaciones más representativas de empleadores y 6 delegados de las organizaciones sindicales , el mismo no ha ejercido la suficiente presión sobre las partes. El Poder Ejecutivo debería tener una actitud proactiva y decidida en la mesa de negociación.
Otro punto a favor de esta ley es que hoy el Poder Ejecutivo es otro actor en la negociación junto a empleadores y trabajadores. Anteriormente el PE disponía de la última palabra.
Un elemento que ha obrado en contra son la falta de indicadores eficaces y eficientes en la medición de variables de crecimiento de los distintos sectores, competitividad, si bien hay buenos indicadores generales como inflación, crecimiento de la actividad, PBI, etc.
El Gobierno apostó a mejorar la calidad de las negociaciones colectivas con esta ley basada en el manejo transparente de la información y según los lineamientos estratégicos planteados por el Ministro de Economía Fernando Lorenzo, acompañar la evolución del salario al crecimiento de la actividad económica, mejorar las condiciones de los trabajadores y promover el ingreso al mercado de trabajo del 7,5% de trabajadores que aun no se han incorporado al mismo. Uruguay recibió reconocimiento de la OIT por la implementación de medidas de fortalecimiento del diálogo social y la negociación colectiva como herramientas generadoras de empleo y mitigación de los impactos de la crisis.

Graciela Romero

lunes, 18 de octubre de 2010

Deuda bruta llega al 68% del PBI: ¿Una amenaza para Uruguay?

Recientemente la agencia Standard & Poor´s elevó la nota de la deuda uruguaya a BB y como veremos a continuación, uno de los desafíos pendientes para alcanzar el grado inversor es reducir su endeudamiento.

Haciendo un pequeño resumen respecto a la situación de la deuda pública uruguaya podemos decir que la misma aumentó 31,5% durante el último año, alcanzando los US$ 21.736 millones, según los datos difundidos recientemente por el Banco Central (BCU). El endeudamiento del Estado aumentó en 2009 trimestre a trimestre, con un aumento de las obligaciones de US$ 5.202 millones durante todo el año. En el último cuarto de 2009, el incremento de la deuda fue de US$ 1.699 millones.
El incremento de las reservas internacionales permitió compensar en parte el crecimiento de los pasivos, moderando el aumento de la deuda neta durante el último año, alcanzando los US$ 11.123 millones, con una suba de US$ 2.869 millones.
Medida en términos de Producto Bruto Interno (PBI), la deuda bruta alcanzó al cierre de 2009, el equivalente a 68,4% del valor agregado por la economía uruguaya durante el último año, mientras la deuda neta se ubicó en 35% del PBI.

El aumento estuvo asociado a un mayor financiamiento a través de préstamos internacionales (u$s 1.357 millones) y a la emisión de títulos públicos (u$s 996 millones) directamente vinculados a la política monetaria, para evitar una excesiva volatilidad del tipo de cambio.

Standard & Poor´s identifica dos áreas fundamentales en las que la economía uruguaya continúa mostrándose vulnerable a un shock externo negativo. En primer lugar, como mencioné anteriormente, el nivel de endeudamiento sigue siendo muy alto. En Uruguay la deuda pública va a cerrar este año en aproximadamente 60% del PBI. Ese número es bastante mayor que el que presentan otras economías de similar calificación que Uruguay. A modo de ejemplo: en economías como Colombia, Costa Rica, Turquía o Indonesia (de similar nota que Uruguay) la deuda pública representa menos de 50% del PBI. Por lo tanto, si Uruguay pretende seguir avanzando en el camino hacia el grado inversor, deberá disminuir su nivel de endeudamiento en términos del Producto.


El segundo desafío a enfrentar en los próximos años es reducir el nivel de dolarización de la deuda pública que sigue siendo muy alto. Un 65% de la misma corresponde a títulos en moneda extranjera. Ese nivel de dolarización de la deuda puede ser percibido como un elemento de vulnerabilidad ante eventuales shocks externos que generen cambios importantes en el tipo de cambio real. En ese marco, Uruguay debe seguir avanzando hacia una paulatina desdolarización de su deuda emitiendo más en Unidades Indexadas o, en caso de ser posible, concretar unas primeras emisiones de títulos a tasas nominales en pesos, lo que también representaría un avance muy importante para reducir la vulnerabilidad de nuestra economía.
A tales efectos, con fecha 2 de septiembre de 2010 El Gobierno uruguayo autorizó a través de la firma de un decreto la recompra de deuda pública por hasta 500 millones de dólares, buscando no sólo disminuir los intereses sino también generar un clima de confianza internacional.
La operación sigue los lineamientos para la gestión del endeudamiento público establecidos a fines del 2007, mediante los cuales se autorizó la compra de títulos de deuda pública emitidos por el país bajo la legislación extranjera y uruguaya, también por hasta 500 millones de dólares.
El objetivo que tiene El Gobierno es gestionar la deuda pública nacional con el propósito de optimizar su composición y estructura de vencimientos.
Entre el 2010 y el 2014, Uruguay deberá pagar 3.500 millones de dólares en amortizaciones de deuda, incluyendo vencimientos por más de 1.000 millones de dólares el próximo año, que equivalen a un 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto. Para cubrir pagos de deuda, las autoridades anunciaron que retornarán a los mercados con una emisión de 5.000 millones de dólares en el período 2010-2014.
Hace un año, Uruguay emitió por última vez bonos por 500 millones de dólares, con vencimiento en el 2025. En esa emisión, recibió ofertas por 2.689 millones de dólares.
A finales del mes pasado, el Gobierno revisó al alza la previsión de crecimiento del PIB a un 6,5 por ciento, desde un 5,1 por ciento.
Dada toda esta información concluyo que en mi opinión, si bien es un tema fundamental para nuestro país, considero que el Gobierno está realizando gestiones positivas tendientes a reducir la deuda tanto bruta como neta y tendientes a reducir la dolarización de la misma. Por tanto parecería que si se sigue con estos mismos lineamientos la deuda tiende a reducirse en el corto plazo.

Gabriela Fernández

lunes, 11 de octubre de 2010

La negociación colectiva (Consejos de Salarios) en Uruguay: puntos a favor y en contra.

Los Consejos de Salarios son órganos administrativos, regulados en Uruguay por la Ley 10.449, constituyendo asimismo organismos colegiados de integración tripartita, compuestos por siete miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo, correspondiéndole a uno de ellos la presidencia del Consejo respectivo, dos delegados de los trabajadores y dos delegados de los empleadores

En sus inicios los principales problemas a resolver fueron: primero la vía o procedimiento para la inmediata puesta en funcionamiento de los Consejos; segundo la designación de representantes para uno y otro sector; tercero el número de grupos de actividad; cuarto la incorporación de los trabajadores domésticos y rurales y quinto la situación de los trabajadores del Estado.

Existen dos grandes dudas que generan aspectos positivos y negativos de las negociaciones con los consejos de salarios:

1) Si es posible que se acuerden en las negociaciones puntos que favorezcan tanto a las empresas como a los trabajadores. La negociación colectiva no tiene por qué ser una herramienta solamente para discutir los incrementos salariales, sino que en los consejos de salarios se pueden acordar muchas más cosas que favorezcan tanto a las empresas como a los trabajadores, por ejemplo sistemas de trabajo diferentes, sistemas de gestión diferentes, he allí el buen o mal uso que se le pueda dar a esta importante herramienta. Hasta ahora los antecedentes en Uruguay de buen uso han sido muy pocos.

2) El peligro que los puntos que surgen de la negociación son a partir de lo que acuerdan el sindicato más grande con la empresa más grande, sin tener en cuenta a las empresas pequeñas. Esta situación es preocupante sobre todo para las pequeñas empresas, que pueden llegar a no poder pagar los incrementos salariales que se establezcan en el acuerdo. Este problema en general lo están padeciendo muchas de las pequeñas empresas del Uruguay.

El gobierno de izquierda que asumió en Uruguay el 1 de marzo del año 2005, se comprometió con los trabajadores a recuperar el promedio del salario perdido por la clase trabajadora en el período anterior de gobierno que había alcanzado una disminución del 19.72 % del salario real.

El resultado final fue con el aumento de salarios, ya dispuesto, a partir de Enero de 2010, la clase trabajadora habrá obtenido un incremento del Salario Real de 25% aproximadamente.

Un aspecto ha destacar, es el hecho de que se han incorporado a la negociación sectores que hasta el momento no contaban con la posibilidad de negociar sus salarios (los trabajadores del Estado, rurales y a los trabajadores del servicio doméstico). De esta forma, se podría decir que la casi totalidad de trabajadores del país participan en la negociación colectiva de su salario, con la única excepción de policías y militares.

Desde la reinstalación de Consejos de Salarios en el año 2005, la tasa de desempleo ha descendido del 12,2 al 6,9% actual, con fluctuaciones que la encontraron con varios meses por debajo de este último valor.

Es importante destacar como aspectos positivos que el funcionamiento del diálogo social a través de los Consejos de Salarios, como herramienta de negociación colectiva, trajo consigo el fortalecimiento de las organizaciones representativas tanto del sector empleador, como del sector de los trabajadores. En este último sector, en los últimos 4 años y medio se crearon 630 sindicatos de empresas. En el sector empleador, muchas cámaras representantes de empresas de diferentes ramas de actividad, o no existían o habían sido desmanteladas. La negociación colectiva llevada adelante en este período obligó también al fortalecimiento de éstas.

Para finalizar es necesario enfatizar que esta fuerte recuperación del Salario Real y la caída de la Tasa de Desempleo no se debieron exclusivamente a la instalación de los Consejos de Salarios. Durante el gobierno Batlle por ejemplo la economía se desplomó en la mayor crisis que esté registrada en nuestra historia, mientras que en el gobierno Vázquez, su situación fue totalmente diferente.

En este sentido el Uruguay no debe confiarse en que el mundo siga ayudándonos como lo hizo en los años recientes, sino en todo caso, hay que prever turbulencias. Hay que establecer pautas razonables para el crecimiento económico en los próximos años y fijar pautas de aumento salarial real que dejen espacio para que el mercado de trabajo pueda seguir incorporando a quienes quieran ingresar en él. Y, quizá lo más importante, es tener en cuenta las realidades sectoriales y empresariales. Que los acuerdos salariales tengan en cuenta lo más posible esas realidades y que haya una válvula de escape por si llegado el momento se la precisa.

Gabriel Sánchez

viernes, 8 de octubre de 2010

Deuda Publica Bruta llega al 68 % - una amenaza para Uruguay?

La deuda pública de Uruguay alcanzó los 21.736 millones de dólares en 2009, el mayor registro histórico del país. Esa cifra representa un incremento de 31,5% respecto a 2008 y es equivalente al 68,4% del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras oficiales del Banco Central (BCU).

El aumento estuvo asociado a un mayor financiamiento a través de préstamos internacionales (u$s 1.357 millones) y a la emisión de títulos públicos (u$s 996 millones) directamente vinculados a la política monetaria, para evitar una excesiva volatilidad del tipo de cambio.

Según el informe del BCU, de los u$s 21.736 millones de deuda pública, u$s 4.518 millones corresponden a acreedores oficiales -de los cuales 4.394 con organismos multilaterales-, y u$s 17.141 millones a acreedores privados -de ellos 15.016 al sector financiero-, u$s 2.125 al sector no financiero y u$s 77 millones a otros rubros.

De hecho estamos entre los países con mayor proporción de deuda pública, mayor al 60% de EEUU por ejemplo.
El peso del estado es el gran debe de Uruguay, y ha aumentado claramente en los últimos 5 años, con el gobierno de Tabare Vazquez. No sólo la deuda, sino que se ha aumentado también el déficit fiscal en este gobierno desde 1.4% a 2.1% del PIB, y todo con una bonanza que no se gozó en gobiernos anteriores que, al contrario, tuvo que conducirse en una enorme crisis. Las tasas altas de interés del BCU es lo que nos ha mantenido firmes frente a la crisis internacional y sus efectos en nuestro país. De esta manera la fuerte devaluación del dólar evitó que las exportaciones uruguayas crecieran al ritmo del boom artificial mundial, evitando así el contagio del colapso. Pero si el nuevo gobierno no reduce los costos del estado, y se mantiene la tendencia creciente, Uruguay va a sufrir su propia crisis de origen doméstico.
Si nos comparamos con modelos que se han tomado como ejemplos aquí, Chile tiene una deuda pública del entorno del 4% de su PIB, y Nueva Zelanda de alrededor de 22%. Comparar los déficit fiscales es un tanto más complicado, ya que a mismo nivel de déficit no es lo mismo tener una deuda pequeña y una gran competitividad económica, y por tanto mucho espacio de endeudamiento para afrontar un déficit, que una deuda grande y poco espacio para ello. El déficit fiscal de Chile al cierre del 2009 fue del 4.5%. Un déficit fiscal de ese nivel en Uruguay sería alarmante.
En el segundo trimestre del 2010,la deuda pública uruguaya cayó 2,9% lo que significó el primer descenso en un año y una reducción de 649 millones de dólares, informó el Banco Central.
No obstante, el endeudamiento del Estado uruguayo se sitúa actualmente en 21.885 millones de dólares, 18,9% por encima de igual período de 2009.
Por otra parte, la deuda neta tuvo una reducción de 27 millones de dólares y se situó en los 11.792 millones de dólares

El objetivo a mediano plazo de la baja de la relación deuda/PBI, está íntimamente relacionado con el regreso de los flujos de capitales al país. Para ello sería indispensable recuperar el “grado inversor”, para lo cual el indicador clave es justamente la relación deuda/PBI.
Es compartible que la relación PBI/deuda baje, pero a consecuencia de un crecimiento a tasas crecientes del PBI y no que solamente esté basado en un aumento del ahorro fiscal, que postergará seguramente aspiraciones legítimas sobre la redistribución del crecimiento.

Inés Sanz

lunes, 4 de octubre de 2010

Secreto Bancario en Uruguay

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) analiza y califica a los países según su nivel de transparencia y contribución con el intercambio de información.

Es así que se determinan tres categorías de países:

» Jurisdicciones que han implementado sustancialmente los acuerdos
» Jurisdicciones que se comprometieron a adoptar estándares pero no lo han hecho hasta el momento
» Jurisdicciones que aun no se han comprometido a intercambiar información.

La inclusión de nuestro país en la última categoría, generó un revuelo a nivel gubernamental obligando a profundizar sobre el tema del alcance del secreto bancario y del secreto tributario.

Por otro lado el gobierno esta estudiando un proyecto de ley para gravar con impuesto a la renta de las personas físicas a los ingresos y las partes de capital que tengan uruguayos residentes en el país, en operaciones y colocaciones en el exterior. Estos depósitos hoy en día no se encuentran gravados debido a que nuestro país aplica el criterio de “la fuente” a la hora de gravar o no un ingreso.

Esta modificación también repercute en el tema del secreto bancario debido a que Uruguay tiene acuerdos con otros países para evitar la doble tributación, siendo para esto necesario el intercambio de información.

Actualmente la Justicia puede levantar el secreto bancario en casos de presunto lavado de dinero y evasión impositiva ente una denuncia fundada. Si bien se continúa pensando en otorgar la potestad solo a la Justicia sobre el levantamiento del secreto bancario, ésta podrá actuar a pedido de la DGI.

La adhesión al Articulo 26 de la OCDE implica la libre circulación de la información entre los países firmantes de los acuerdos por lo que obliga a la flexibilización del secreto bancario y tributario.

El estar en la “lista gris” genera no solo “mala reputación” a nivel internacional sino también sanciones que gravan a las empresas extranjeras que quieran instalarse en el país.

Ante este panorama el Gobierno se apura a firmar acuerdos para evitar la doble tributación con los países de los que recibe inversiones. Se negocia con India, China, México, Chile, España y Portugal

La OCDE vio con beneplácito esta iniciativa modificando su postura respecto al país.

Resta por hacer el análisis del alcance que se le piensa dar a este tipo de acuerdos que podrían ir en la línea de un intercambio de información:

» amplio por ejemplo brindar información a pedido de su contraparte sin mediar presunción de evasión fiscal y sin poder alegar el secreto bancario y aunque esta no sea utilizada para sus propios efectos impositivos

» focalizado, o sea dar información solo en casos de evasión fiscal

Es importante definir que se va a dar y que se va a pedir a los países en este tipo de acuerdos. Si bien se puede pensar que los convenios son en un solo sentido, es decir que la información va a salir hacia los países desarrollados que quieran controlar a sus contribuyentes; con la modificación propuesta por el Gobierno en el impuesto a la renta sobre los depósitos en el exterior, ahora resulta interesante para Uruguay la devolución de la información por parte de los países que reciben nuestros capitales.

Isabel Segade

Negociación colectiva de salarios en Uruguay: ¿flexibilidad o rigidez?

En el Uruguay la negociación salarial ha tomado una forma colectiva desde hace ya varios años. En la década del 40 se instala en el país la negociación salarial colectiva, con los denominados Consejos de Salarios, que establecían diversos ámbitos de negociación por ramas de actividades industriales. Durante el período dictatorial desde 1973 a 1985 se abandona esta práctica, retomándose luego de la recuperación de la democracia hasta los años 90, donde los consejos de salarios dejan de ser convocados. En el año 2005, con el advenimiento del primer gobierno de izquierda en la historia del país, se retoma la negociación salarial colectiva, aggiornándose las ramas de actividad convocadas, dado el lapso transcurrido y los cambios operados en la economía en el interín.
Éste es, a grandes rasgos, el esquema de negociación. Los negociadores son las cámaras empresariales por un lado, los sindicatos por el otro y el Estado, representado por el Ministerio de Trabajo, como mediador y árbitro en última instancia, encargado de homologar los acuerdos logrados y laudar en casos de desacuerdo o de que no fructifiquen las negociaciones.
Las preguntas que se imponen son varias: ¿Es este esquema adecuado, a la luz de la realidad económica actual? ¿A quienes favorece? ¿A quiénes perjudica?
En nuestra opinión, el esquema puede ser adecuado siempre y cuando se tenga en consideración un alto nivel de flexibilidad. Obviamente, que al negociar a nivel de sectores de actividad, estos engloban tanto a las grandes corporaciones como a los pequeños empresarios. Los mínimos salariales negociados deben cumplirse por ley. El tema es tener la suficiente flexibilidad como para incluir cláusulas de salvaguarda en casos de baja de actividad, crisis sectoriales o eventos globales que repercutan en la economía en general y en el mercado de trabajo en particular.
Los más favorecidos sin duda son los trabajadores, que logran un ámbito de negociación global en un momento, además, en que la organización sindical se halla en niveles muy altos de afiliación, tanto en sectores públicos como privados. El ir a negociar como sindicatos centrales y no de alguna empresa en particular potencia la fuerza y el respaldo que obtienen al momento de sentarse a la mesa de negociación.
Los no tan favorecidos (no nos atrevemos a usar el término “perjudicados”) serían las empresas. De la misma forma que los trabajadores, los negociadores serán las agrupaciones gremiales, en este caso las cámaras empresariales del sector de actividad que corresponda. A este nivel confluyen realidades muy diversas, desde la subsidiaria de una multinacional hasta la pequeña empresa familiar local. En este sentido, deberán tener la precaución de negociar pensando en las consecuencias que tendrán para las empresas más pequeñas los acuerdos alcanzados, que deberán cumplirse. Esto nos retrotrae a la necesidad de flexibilidad como un componente esencial de los acuerdos, como lo mencionábamos líneas arriba.
En síntesis, de la misma forma que un trozo de plástico flota y uno de hierro se hunde, así deberán ser los acuerdos alcanzados. Con la flexibilidad del plástico, para poder mantener a flote a las empresas en tiempos turbulentos dado que si se opta por la rigidez del hierro, las consecuencias son fácilmente imaginables.

Pablo Salaburu

viernes, 1 de octubre de 2010

Deuda bruta llega al 68% del PBI: ¿ Una amenaza para Uruguay ?

La Deuda publica de Uruguay alcanzo los 21.736 millones de dólares en 2009, el mayor registro histórico del país, que representa un incremento de 31.5 % respecto a 2008 y equivale al 68.4% del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras oficiales del Banco Central (BCU).

El aumento estuvo asociado a un mayor financiamiento a través de prestamos internacionales (USD 1.357 millones) directamente vinculados a la política monetaria, para evitar una excesiva volatilidad del tipo de cambio.

La deuda neta del sector publico aumento durante el ultimo año en USD 661 millones, solo USD 39 millones por debajo del techo establecido por la ley de responsabilidad fiscal para el ejercicio 2009.

Al cierre del 2008 la deuda, que creció USD 215 millones, se ubicaba en 53% de la producción anual, 15.4 puntos porcentuales por debajo del registro 2009.

Según el informe del BCU, de los USD 21.736 millones de deuda publica, USD 4.518 millones corresponden a acreedores oficiales (de los cuales 4.394 con organismos multilaterales) y USD 17.141 millones a acreedores privados (de ellos 15.016 al sector financiero) USD 2.125 al sector no financiero y USD 77 millones a otros rubros.

El incremento de las reservas internacionales permitió compensar en parte el crecimiento de los pasivos, moderando el aumento de la deuda neta durante el último año, alcanzando los USD 11.123 millones, con una suba del USD 2.869 millones.

Medida en términos de Producto Bruto Interno (PBI), la deuda bruta alcanzo al cierre de 2009 equivalente a 68.4 % del valor agregado por la economía uruguaya durante el ultimo año, mientras la deuda neta se ubico en 35 % del PBI.



El gobierno del presidente José Mújica elevo esta semana a 6.5% la proyección de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año 2010.

Para 2011 el gobierno prevé un crecimiento económico de 4.5% y de 4% en los años siguientes, hasta 2015.

Según el proyecto de presupuesto quinquenal presentado esta semana al Parlamento por el Ejecutivo, Uruguay atravesó el periodo reciente de turbulencias internacionales sin matyores sobresaltos y salio fortalecido de la crisis internacional.

Una señal de esta recuperación es el crecimiento de las exportaciones que se espera que alcance un monto inédito en 2010.

Esto influye el aumento de precio de la carne (principal producto de exportación del país seguido de cerca por la soja) pero también el hecho de que dos de los socios económicos mas importantes de Uruguay son Brasil y China, que se prevé continúen siendo motores del crecimiento mundial, impulsando al alza los precios de los alimentos .

El gobierno de Mujica ha multiplicado las convocatorias a los inversores, al tiempo que busca dar muestras de estabilidad.



Durante cinco décadas, desde 1955 hasta mediados de la década del 2000, Uruguay fue le país de América latina con peores registros de inversión producta, incluido Haití.

Fue de los países de peor y más mediocre desempeño económico de largo plazo, tanto que los uruguayos no creían que pudiéramos crecer durablemente a tasas muy superiores al 1% acumulativo anual per capita.

Un país que invierte poco es un país que mira el futuro con escepticismo.

La presidenta del Consejo de las América, Susan Segal ; observo que Uruguay “es un lugar de inversión .

Recuperar esa calificación perdida en el 2002 es una meta del Ejecutivo para los proximos cinco años.

Pero para eso deberá atacar “la principal fuente de vulnerabilidad de la economía” , según el propio gobierno : el elevado nivel de endeudamiento Publico al cierre de 2009 que supera ampliamente los ratios de los años 90.

El gobierno espera reducir progresivamente el peso de la deuda del sector público desde el nivel de 69% del PIB hasta algo más del 40% en 2015.

Pese al optimismo en materia económica, Uruguay debe enfrentar cifras menos alentadoras: un quinto de la población esta por debajo de la línea de pobreza y mas del 50% de los menores d 16 años viven en zonas marginales.











Cra Patricia Alvarez

Deuda pública bruta llega al 68% del PBI: ¿Una amenaza para Uruguay?

A fines del año 2008 el Estado Uruguayo tenía una deuda bruta que representaba en términos de PBI el 53%, y que al cierre del ejercicio 2009 se incrementó alcanzando el 68,4% del PBI uruguayo. Son varias las preguntas que debemos hacernos para saber si este nivel de endeudamiento es una amenaza para el país.
Aspectos a considerar en este análisis:
1. Incidencia de la fluctuación de la moneda en las mediciones del PBI y de la deuda bruta. El PBI se mide en $ y expresa en U$S a T/C promedios. La deuda en $ se expresa en U$S al T/C de fin de ejercicio. El T/C de cierre del ejercicio 2008, incluso el T/C promedio del 2009 fueron superiores al T/C de cierre del ejercicio 2009, provocando un incremento en el valor de la deuda producto de la fluctuación de la moneda. En el 2009 Uruguay tuvo una apreciación de su moneda. Cabe agregar que independientemente de este efecto, igualmente se registró un incremento en los niveles de endeudamiento.
2. ¿Qué destino tuvo este incremento de deuda? Básicamente se utilizó en financiación de déficit fiscal, en inversiones de infraestructura, en pagar el sobrecosto por la crisis energética y en recomprar deuda en moneda nacional. Con moneda nacional el gobierno puede comprar dólares incidiendo en el tipo de cambio de esta moneda y acumulando reservas planificando el pago de deuda en el próximo vencimiento 2011.
3. ¿Cuándo se debe cancelar deuda? Según la estructura de vencimientos de stock de deuda, el 71% de la deuda tiene vencimiento contractual superior a 5 años, el 16 % vencerá entre mazo 2011 y marzo 2015 y el 13% restante antes de marzo 2011.
4. ¿A cuánto asciende el total de la deuda pública? A U$S 22.534 millones, 57% denominada en U$S, 37% en moneda local y un 2% en otras monedas. El 78% de la deuda se encuentra contraída a tasa fija y un 22% a tasa variable.
5. ¿Con quién incrementó su deuda Uruguay? Mirándolo por residencia del acreedor, casi 2/3 del incremento es compromiso de deuda con residentes y el resto con no residentes. Se salió a buscar financiamiento en el mercado interno con acreedores privados. Este crecimiento de la deuda se sesgó hacia el endeudamiento en pesos.
6. ¿El país tiene activos para hacer frente a las obligaciones de deuda? Al finalizar el ejercicio 2009 el país tenía activos por U$S 10.613 millones de los cuales U$S 8.941 millones eran del BCU, y de éstos, U$S 8.037 millones son activos de reservas.
7. ¿Cuál ha sido la evolución de la economía uruguaya y cuáles son las expectativas de crecimiento? En el ejercicio 2009 se registró un crecimiento del 2,9% del PBI y se pronosticó para el 2010 un crecimiento del 5,1%. El 03/09/2010 el equipo económico de gobierno anunció que elevaron al 6,5% las expectativas de crecimiento para el presente año.
Conclusión: medido en términos de niveles de deuda neta (deuda bruta menos activos) se mantiene un nivel razonable y estable entono al 27-30% del PBI, en un marco de expectativas de crecimiento económico al alza y con vencimientos concentrados en el mediano plazo, razones por las cuales si bien el nivel de endeudamiento es importante, opino que no representa una amenaza en términos de sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo.
Cra. Estrella Alvarez.