Desde su creación el Sistema Público de Pensiones ha sido uno de los grandes pilares en los que se sustenta el estado del bienestar español, sin él millones de ciudadanos independientemente de que hubiesen o no contribuido con aportaciones no podrían haber disfrutado de una prestación mensual que les permitiera en muchos casos poder seguir viviendo al menos de una forma digna desde el momento de su jubilación laboral o circunstancias asimilables a ella que hacen surgir el derecho a recibir una prestación social de pensión.
Desde hace un tiempo se viene comentando de manera general la inminencia de una crisis fatal en el fondo de la seguridad social, basados estos datos en el envejecimiento de la población, el aumento de la edad de supervivencia y la insuficiencia de las nuevas aportaciones para continuar y mejorar el sistema de pensiones tal y como lo conocemos. Los datos más alarmantes hablan incluso del imposible sostenimiento del modelo público de pensiones.
Lo cierto es que los datos de entradas, salidas y rentabilidades del fondo son en gran medida preocupantes desde hace unos años, pero con lo que entro en conflicto es con la opinión bancaria y financiera de que la única solución posible es dejar este sistema con carácter residual y convertir las pensiones de jubilación en un producto que dependa de forma casi total de las entidades de crédito y de forma general para toda la población. Con lo cual los únicos encargados de velar por la seguridad y estabilidad financiera de los ciudadanos sean la Banca.
Personalmente, lo más adecuado o bien una forma de solucionar el problema sería una especie de modelo combinado entre el ente público y el privado con sometimiento de éste último al primero mediante una adecuada regulación que permita seguir cumpliendo con las funciones básicas de prestación y auxilio social en las que se fundamenta el sistema público. Y que al acercarse al modo de gestión financiera de las entidades privadas pueda ver superados los problemas económicos que hacen peligrar su continuación.
Lo dicho es difícil de lograr pues el conciliar y lograr que el sector privado acate decisiones y normas del sector público es complicado pero a cambio, la ingente masa monetaria a gestionar procedente del sector público es un atractivo difícil de despreciar para cualquier entidad financiera y las posibilidades de negocio dentro de los planes y fondos de pensiones privados pero avalados, fomentados y elaborados conjuntamente con el Estado son enormes. Y en realidad con ello no estaríamos hablando del fin del sistema público de pensiones, sino de su evolución natural producido simplemente por el paso del tiempo y de su necesaria y constante adaptación.
Desde hace un tiempo se viene comentando de manera general la inminencia de una crisis fatal en el fondo de la seguridad social, basados estos datos en el envejecimiento de la población, el aumento de la edad de supervivencia y la insuficiencia de las nuevas aportaciones para continuar y mejorar el sistema de pensiones tal y como lo conocemos. Los datos más alarmantes hablan incluso del imposible sostenimiento del modelo público de pensiones.
Lo cierto es que los datos de entradas, salidas y rentabilidades del fondo son en gran medida preocupantes desde hace unos años, pero con lo que entro en conflicto es con la opinión bancaria y financiera de que la única solución posible es dejar este sistema con carácter residual y convertir las pensiones de jubilación en un producto que dependa de forma casi total de las entidades de crédito y de forma general para toda la población. Con lo cual los únicos encargados de velar por la seguridad y estabilidad financiera de los ciudadanos sean la Banca.
Personalmente, lo más adecuado o bien una forma de solucionar el problema sería una especie de modelo combinado entre el ente público y el privado con sometimiento de éste último al primero mediante una adecuada regulación que permita seguir cumpliendo con las funciones básicas de prestación y auxilio social en las que se fundamenta el sistema público. Y que al acercarse al modo de gestión financiera de las entidades privadas pueda ver superados los problemas económicos que hacen peligrar su continuación.
Lo dicho es difícil de lograr pues el conciliar y lograr que el sector privado acate decisiones y normas del sector público es complicado pero a cambio, la ingente masa monetaria a gestionar procedente del sector público es un atractivo difícil de despreciar para cualquier entidad financiera y las posibilidades de negocio dentro de los planes y fondos de pensiones privados pero avalados, fomentados y elaborados conjuntamente con el Estado son enormes. Y en realidad con ello no estaríamos hablando del fin del sistema público de pensiones, sino de su evolución natural producido simplemente por el paso del tiempo y de su necesaria y constante adaptación.
MIGUEL GUTIÉRREZ NOVOA
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