Desde nuestro Gobierno se intenta tranquilizar a la sociedad con la fortaleza del sistema económico español pero, ¿es cierto lo que se nos dice?. La verdad es que en España ya han existido crisis muy similares a la que estamos viviendo en este momento, y en su día los diferentes Gobiernos pusieron en marcha sus correspondiente planes de rescate. Así, podemos destacar, en un principio, dos grandes escándalos a lo largo de nuestra historia económica en la España constitucional:
En primer lugar, la expropiación de RUMASA (Ruíz Mateos Sociedad Anónima) en 1983, que consistía en un holding empresarial fundado por José Mª Ruiz Mateos, que tenía en propiedad a un grupo de 17 bancos que le servía de soporte financiero. La decisión se tomó por el Decreto-Ley 2/1983 (artículo 86 C.E), urgente y extraordinario por el gobierno español el 23 de febrero de 1983, “por razones de utilidad pública e interés social”, ya que el Consejo de Ministros del Gobierno de España decretó la expropiación forzosa del holding al apoyo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.3 C.E, pues las razones aducidas en el decreto de expropiación eran la reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes (desde el año 1978), la permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo, la desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a RUMASA, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos y la arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo.
Según el por aquel entonces Ministro de Economía Miguel Boyer, se trató de “una medida de política económica con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra”, pues se demostró que este holding tenía un déficit patrimonial de 1.557 millones de €, aunque el grupo en el momento de publicarse la disposición estaba constituido por 700 empresas, con una plantilla de 65.000 personas, facturando más de 2.000 millones de €, con lo que los críticos de esta intervención alegan que RUMASA no estaba en peor estado que la mayor parte de las empresas españolas contemporáneas, y que la expropiación tuvo por lo tanto motivos estrictamente políticos. Además, la intervención fue criticada al considerar que no se trataba de una expropiación amparada por la C.E, sino una confiscación de carácter inconstitucional. Pese a ello, y tras un difícil debate en el Pleno del TC el Decreto-Ley fue considerado constitucional, por lo que también se le achacó al Gobierno que intentase convertir automáticamente a los empleados de RUMASA en funcionarios públicos.
Un año después de la expropiación se vendieron todas las empresas porque Ruíz Mateos no respondía a los requerimientos sobre el excesivo riesgo que asumían los bancos al concentrar los créditos en las empresas del propio grupo, resultando el coste neto de 4.056 millones de €, dando lugar así a una reprivatización por partes tras la expropiación.
Y en segundo lugar, hablamos de la crisis de Banesto en 1993, la última gran crisis bancaria que sirvió para modificar y fortalecer el sistema de supervisión. La existencia de un agujero patrimonial de 3.636 millones de € llevó al Banco de España a intervenir la entidad y a destituir a Mario Conde, el Presidente del Banco y a todo su Consejo de Administración.
Según el Banco de España, la intervención se produjo “para adoptar medidas de saneamiento que no podrían afrontarse por la entidad de forma aislada”.
El agujero afectó a siete millones de clientes y a más de medio millón de accionistas, así como a 15.000 trabajadores y medio centenar de empresas. Un equipo de gestores asumió el control del banco y ejecutó el plan de saneamiento, ya que la cartera de morosos era de 5.500 millones de €. Y en 1994 fue adquirido en subasta por el Banco Santander por 1.682 millones. El Gobernador del Banco de España cifró el coste de saneamiento en 1, 202 millones con cargo al dinero público.
IRENE DE CASTRO.
En primer lugar, la expropiación de RUMASA (Ruíz Mateos Sociedad Anónima) en 1983, que consistía en un holding empresarial fundado por José Mª Ruiz Mateos, que tenía en propiedad a un grupo de 17 bancos que le servía de soporte financiero. La decisión se tomó por el Decreto-Ley 2/1983 (artículo 86 C.E), urgente y extraordinario por el gobierno español el 23 de febrero de 1983, “por razones de utilidad pública e interés social”, ya que el Consejo de Ministros del Gobierno de España decretó la expropiación forzosa del holding al apoyo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.3 C.E, pues las razones aducidas en el decreto de expropiación eran la reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes (desde el año 1978), la permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo, la desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a RUMASA, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos y la arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo.
Según el por aquel entonces Ministro de Economía Miguel Boyer, se trató de “una medida de política económica con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra”, pues se demostró que este holding tenía un déficit patrimonial de 1.557 millones de €, aunque el grupo en el momento de publicarse la disposición estaba constituido por 700 empresas, con una plantilla de 65.000 personas, facturando más de 2.000 millones de €, con lo que los críticos de esta intervención alegan que RUMASA no estaba en peor estado que la mayor parte de las empresas españolas contemporáneas, y que la expropiación tuvo por lo tanto motivos estrictamente políticos. Además, la intervención fue criticada al considerar que no se trataba de una expropiación amparada por la C.E, sino una confiscación de carácter inconstitucional. Pese a ello, y tras un difícil debate en el Pleno del TC el Decreto-Ley fue considerado constitucional, por lo que también se le achacó al Gobierno que intentase convertir automáticamente a los empleados de RUMASA en funcionarios públicos.
Un año después de la expropiación se vendieron todas las empresas porque Ruíz Mateos no respondía a los requerimientos sobre el excesivo riesgo que asumían los bancos al concentrar los créditos en las empresas del propio grupo, resultando el coste neto de 4.056 millones de €, dando lugar así a una reprivatización por partes tras la expropiación.
Y en segundo lugar, hablamos de la crisis de Banesto en 1993, la última gran crisis bancaria que sirvió para modificar y fortalecer el sistema de supervisión. La existencia de un agujero patrimonial de 3.636 millones de € llevó al Banco de España a intervenir la entidad y a destituir a Mario Conde, el Presidente del Banco y a todo su Consejo de Administración.
Según el Banco de España, la intervención se produjo “para adoptar medidas de saneamiento que no podrían afrontarse por la entidad de forma aislada”.
El agujero afectó a siete millones de clientes y a más de medio millón de accionistas, así como a 15.000 trabajadores y medio centenar de empresas. Un equipo de gestores asumió el control del banco y ejecutó el plan de saneamiento, ya que la cartera de morosos era de 5.500 millones de €. Y en 1994 fue adquirido en subasta por el Banco Santander por 1.682 millones. El Gobernador del Banco de España cifró el coste de saneamiento en 1, 202 millones con cargo al dinero público.
IRENE DE CASTRO.
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