Hace ya varios días, el sistema financiero de los EEUU colapsó. Prueba de ello fue la intervención excepcional del Estado norteamericano y la crisis política que ha desatado. Con esta situación, quebró uno de los grandes bancos de inversión, Lehman Brothers (600.000 millones de $de deuda); fue nacionalizada una aseguradora, con obligaciones por 1 billón de la misma moneda; liquidada otra banca, Merril Lynch, en beneficio de un competidor, Goldman Sachs, socorrido enseguida por el BC, que le aseguró su respaldo al reconvertirlo en un banco comercial. Y diez días antes, el Estado había nacionalizado dos entidades bancarias semipúblicas, Fannie Mae y Freddie Mac, con deudas conjuntas de cerca de 6 billones de $. Los capitales empezaron a abandonar todas las formas de inversiones para refugiarse en títulos del Tesoro norteamericano, y de esta forma llegó al record en un período no deflacionario: 0,25% de interés anual. El sistema monetario estaba paralizado, pues el banco central de EEUU había perdido el control de la política monetaria y el secretario del Tesoro tuvo que anunciar una re-capitalización de la Reserva Federal: emisión de títulos públicos y que el gobierno compraría directamente cualquier activo que le ofrecieran las entidades financieras, por una cantidad estimada de 700.000 millones de $.
Debemos tener en cuenta, que la tradición del rescate bancario como política de estímulo a la demanda en un período tiene varios siglos encima, pues se trata de una política de estímulo a la demanda en un período de recesión, pero ocurre que este diseño, por lo menos en el caso de EEUU, sirve también para capitales que no están en quiebra, con lo que queda claro que el plan no tiene ninguna previsión de rescate para las familias con deudas hipotecarias, alegando que podría beneficiar a las que no tienen dificultades en pagarlas, lo que hace que el plan sea políticamente inviable y no serviría para poner fin al problema, aunque Paulson proponga también que los acreedores la usen para recapitalizar las empresas en estado de quiebra.
El Estado no es la solución del problema sino parte de él, y es que varios economistas han atribuido la incapacidad del Estado para intervenir en forma satisfactoria en la crisis en curso al enorme déficit fiscal generado por los gastos de guerra. Sin embargo, no es cierto que asistamos a una declinación del “imperio americano”, pues asistimos realmente a una explosión de escala histórica de todas las contradicciones acumuladas del capital. Y es que lo largo de la historia han existido crisis similares a la que estamos viviendo en este momento y los diferentes Gobiernos han puesto en marcha sendos planes de rescate de la economía. Así, entre 1932 y 1853, EEUU vivió la crisis conocida como "La gran depresión", con el presidente Roosevelt a la cabeza, que para reactivar la economía, el Gobierno decidió dar capital a los bancos para reanimar la actividad prestamista.
Entre 1989 y 1995, EEUU se vió sumida en una crisis de ahorro y préstamos y George Bush padre decidió invertir 300.000 millones de $ para reactivar la economía. Japón sufrió en 1996 el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuyo gasto total se cree que pudo ascender a 440.000 millones de $, y para superarla, se hicieron inyecciones de capital, se forzaron fusiones y hubo nacionalizaciones.
Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en EEUU, ningún Estado europeo tiene la capacidad financiera para hacerse cargo de los créditos. Entre 1992 y 1996, Suecia vivió el estallido de la burbuja inmobiliaria (lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento), y para superar esto, el BSA pagó 6.661 millones de € para realizar grandes contribuciones financieras restaurando así la confianza y activando la gestión de activos en manos de bancos en mal estado para limitar las pérdidas y re-privatizar la banca.
IRENE DE CASTRO.
Debemos tener en cuenta, que la tradición del rescate bancario como política de estímulo a la demanda en un período tiene varios siglos encima, pues se trata de una política de estímulo a la demanda en un período de recesión, pero ocurre que este diseño, por lo menos en el caso de EEUU, sirve también para capitales que no están en quiebra, con lo que queda claro que el plan no tiene ninguna previsión de rescate para las familias con deudas hipotecarias, alegando que podría beneficiar a las que no tienen dificultades en pagarlas, lo que hace que el plan sea políticamente inviable y no serviría para poner fin al problema, aunque Paulson proponga también que los acreedores la usen para recapitalizar las empresas en estado de quiebra.
El Estado no es la solución del problema sino parte de él, y es que varios economistas han atribuido la incapacidad del Estado para intervenir en forma satisfactoria en la crisis en curso al enorme déficit fiscal generado por los gastos de guerra. Sin embargo, no es cierto que asistamos a una declinación del “imperio americano”, pues asistimos realmente a una explosión de escala histórica de todas las contradicciones acumuladas del capital. Y es que lo largo de la historia han existido crisis similares a la que estamos viviendo en este momento y los diferentes Gobiernos han puesto en marcha sendos planes de rescate de la economía. Así, entre 1932 y 1853, EEUU vivió la crisis conocida como "La gran depresión", con el presidente Roosevelt a la cabeza, que para reactivar la economía, el Gobierno decidió dar capital a los bancos para reanimar la actividad prestamista.
Entre 1989 y 1995, EEUU se vió sumida en una crisis de ahorro y préstamos y George Bush padre decidió invertir 300.000 millones de $ para reactivar la economía. Japón sufrió en 1996 el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuyo gasto total se cree que pudo ascender a 440.000 millones de $, y para superarla, se hicieron inyecciones de capital, se forzaron fusiones y hubo nacionalizaciones.
Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en EEUU, ningún Estado europeo tiene la capacidad financiera para hacerse cargo de los créditos. Entre 1992 y 1996, Suecia vivió el estallido de la burbuja inmobiliaria (lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento), y para superar esto, el BSA pagó 6.661 millones de € para realizar grandes contribuciones financieras restaurando así la confianza y activando la gestión de activos en manos de bancos en mal estado para limitar las pérdidas y re-privatizar la banca.
IRENE DE CASTRO.
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