La historia es la siguiente:
Durante años, los tipos de interés vigentes en los mercados financieros internacionales han sido excepcionalmente bajos. Esto ha hecho que los Bancos hayan visto que el negocio se les hacía más pequeño, por lo que, daban prestamos a unos intereses muy bajos ocurriendo lo mismo para los depósitos de los clientes.
A alguien, entonces, en América, se le ocurrió que los Bancos tenían que hacer dos cosas: dar préstamos más arriesgados, por los que podrían cobrar más intereses; y compensar el bajo Margen aumentando el número de operaciones
En cuanto a lo primero (créditos más arriesgados), decidieron: ofrecer hipotecas a un tipo de clientes sin ingresos fijos, sin empleo fijo y sin propiedades; cobrarles más intereses, porque había más riesgo; aprovechar el boom inmobiliario; además, decidieron conceder créditos hipotecarios por un valor superior al valor de la casa y a este tipo de hipotecas, les llamaron “hipotecas subprime”.
Ante esta situación de incertidumbre, el gobierno español plantea una elevación del fondo de garantía para los depósitos de hasta 100.000 por titular y entidad financiera y se creará un fondo de 30.000 millones ampliable a 50.000 millones para comprar a precios de mercado activos de calidad de las entidades financieras y así intentar restaurar el crédito en España.
Sobre la primera medida de ampliar el fondo de garantía poco hay que decir, entre otras cosas porque no queda otra después de los movimientos de Irlanda, Alemania y Grecia. Obviamente a nadie se le escapa el anuncio tiene un cierto componente de farol, pero es un farol necesario, que da seguridad y que al menos en un primer instante no cuesta un euro al contribuyente.
En cuanto al fondo, hemos de saber que no deja de ser un rescate similar al aprobado por el Congreso de los EEUU, en nuestro caso en particular, lo que hará el Estado, es captar deuda pública por ese importe y prestársela a los bancos a medio o largo plazo a un tipo mayor al que lo haya captado y con garantía plena sobre activos reales. Eso aliviará a los bancos en sus balances y les “obligaría” a prestar dinero a empresas y familias para descongelar la actual situación de “credit crunch”.
SARA MONTERO
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