Saltaban las alarmas en verano del 2007, la crisis del sector inmobiliario y al aumento de la tasa de morosidad, provocaba a las entidades americanas una escasez de liquidez y un aumento de los inmuebles en los activos de sus balances que difícilmente podían convertir en liquidez, y que a su vez, perdían progresivamente valor. Las entidades financieras de EEUU encontraron una salida en la comercialización activos tóxicos “camuflados” entre activos de calidad. La primera consecuencia fue la restricción de liquidez en el mercado interbancario debido a la desconfianza entre las entidades.
Después de un año nos encontramos ante una situación desoladora, la quiebra de Lehman Brothers supone un punto de inflexión. La sociedad se percata de la magnitud de la crisis a la que se enfrenta y asoma el pánico y la desconfianza. Es en este momento los gobiernos estadounidenses y europeos deciden intervenir, siendo su principal objetivo reducir la desconfianza de los ahorradores e inversores. Las principales actuaciones se centraron en la implantación de planes de rescate, aumento de los fondos de garantías de depósitos y reducción coordinada de los tipos de interés por parte del BCE y la Fed.
Pero… ¿Quién soportará el peso de los planes de rescate?, ¿Por qué se rescata a los que hasta ahora habían estado llenando sus arcas? ¿Se les exigirá algo a cambio del rescate? Estas son algunas de las dudas que salen a la luz. Muchos asientan que los planes de rescate lo soportaran los ciudadanos a través de la política fiscal, como en Irlanda, que ya ha presentado sus presupuestos generales para el año 2009 en los que refleja un aumento de impuestos. Pero siendo realistas, existan o no planes de rescate, la peor parte se la llevarían los ciudadanos de a pie, pues de no intervenir los gobiernos se producirían quiebras que acabarían con el sector financiero, con la confianza en el mismo y se paralizarían las economías. Por esto, porque son los contribuyentes los que sufrirán las consecuencias de los excesos de la banca, se les deben exigir unos requisitos y someter a supervisión por parte de los gobiernos. Las entidades deberán afrontar sus errores y enfocar su negocio por otros derroteros, deberán reducir la presencia de pasivos ilíquidos de largo plazo en sus balances aunque ello les comporte un menor apalancamiento y menores ganancias.
MARÍA TERESA PRIETO
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