El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aboga por la rápida fusión de un tercio de las 45 cajas de ahorros que hay en España. Estas entidades, que no cotizan, y muchas de las cuales están politizadas, vinculadas a gobiernos autonómicos y con una estructura de propiedad opaca, arrebataron cuotas de mercado a los bancos en el momento álgido del pasado ''boom'' inmobiliario, y ahora cuentan con aproximadamente la mitad de las hipotecas morosas.
Este es uno de los problemas que se presentan, puesto que se necesita “despolitizar las cajas de ahorro” para profesionalizar su gestión e independizarla de los poderes regionales, aunque bien es cierto que para los partidos políticos se trata de una herramienta estratégica y difícilmente quieren deshacerse de ella.
El otro dilema sería la elección o conveniencia de la modalidad de fusión, por una parte, las entidades pueden optar por integrarse (fusionarse) con otra u otras cajas de su propia región o fuera de esta. Si bien, en este caso la compañía más grande absorbería al resto y en caso de pertenecer a una misma comunidad conllevaría el cierre de muchas sucursales con sus evidentes consecuencias.
Por otra parte, podrían optar por una alianza mediante el Sistema Institucional de Protección el cual supone la integración de las cuentas de las entidades en un único grupo consolidado. Las cajas que lo forman comparten las políticas de riesgo, la gestión financiera y la tesorería, la auditoria y el control interno y tienen un común acceso a los mercados mayoristas. Cada una de ellas conserva la personalidad jurídica, la marca comercial propia, la identidad corporativa, la actividad comercial y la obra social. De este tipo de fusión virtual resulta un grupo de mayor tamaño, que alcanza niveles de solvencia y capitalización más altos, obtiene calificación única y constituye una única unidad a supervisar. Y que logra mayor eficiencia sin necesidad de reducir redes, ni recortar empleo.
Sin embargo, para los analistas, el SIP no es más que una vía lenta de integración. Estos sistemas implican, necesariamente, la cesión de soberanía de las entidades a la nueva sociedad común. Una cesión, que según los expertos, está condenada a crecer con los años.
Se trata entonces, de decidir qué es lo más conveniente, intentando separar las razones políticas y atendiendo a las económicas, que son las que verdaderamente deben de tenerse en cuenta en este proceso. Es decir, no se trata de que salgan cajas catalanas, andaluzas, valencianas o gallegas más grandes pero menos eficientes , sino que surjan cajas más grandes, más ancladas en territorios grandes, con ratios de solvencia más sólidos, y con más capacidad para captar recursos y disputar créditos en los mercados. En un escenario global como el actual, se requiere más músculo para ayudar a la economía a salir de la crisis.
Las cartas están sobre la mesa.
David Paz saavedra
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