En el Uruguay la negociación salarial ha tomado una forma colectiva desde hace ya varios años. En la década del 40 se instala en el país la negociación salarial colectiva, con los denominados Consejos de Salarios, que establecían diversos ámbitos de negociación por ramas de actividades industriales. Durante el período dictatorial desde 1973 a 1985 se abandona esta práctica, retomándose luego de la recuperación de la democracia hasta los años 90, donde los consejos de salarios dejan de ser convocados. En el año 2005, con el advenimiento del primer gobierno de izquierda en la historia del país, se retoma la negociación salarial colectiva, aggiornándose las ramas de actividad convocadas, dado el lapso transcurrido y los cambios operados en la economía en el interín.
Éste es, a grandes rasgos, el esquema de negociación. Los negociadores son las cámaras empresariales por un lado, los sindicatos por el otro y el Estado, representado por el Ministerio de Trabajo, como mediador y árbitro en última instancia, encargado de homologar los acuerdos logrados y laudar en casos de desacuerdo o de que no fructifiquen las negociaciones.
Las preguntas que se imponen son varias: ¿Es este esquema adecuado, a la luz de la realidad económica actual? ¿A quienes favorece? ¿A quiénes perjudica?
En nuestra opinión, el esquema puede ser adecuado siempre y cuando se tenga en consideración un alto nivel de flexibilidad. Obviamente, que al negociar a nivel de sectores de actividad, estos engloban tanto a las grandes corporaciones como a los pequeños empresarios. Los mínimos salariales negociados deben cumplirse por ley. El tema es tener la suficiente flexibilidad como para incluir cláusulas de salvaguarda en casos de baja de actividad, crisis sectoriales o eventos globales que repercutan en la economía en general y en el mercado de trabajo en particular.
Los más favorecidos sin duda son los trabajadores, que logran un ámbito de negociación global en un momento, además, en que la organización sindical se halla en niveles muy altos de afiliación, tanto en sectores públicos como privados. El ir a negociar como sindicatos centrales y no de alguna empresa en particular potencia la fuerza y el respaldo que obtienen al momento de sentarse a la mesa de negociación.
Los no tan favorecidos (no nos atrevemos a usar el término “perjudicados”) serían las empresas. De la misma forma que los trabajadores, los negociadores serán las agrupaciones gremiales, en este caso las cámaras empresariales del sector de actividad que corresponda. A este nivel confluyen realidades muy diversas, desde la subsidiaria de una multinacional hasta la pequeña empresa familiar local. En este sentido, deberán tener la precaución de negociar pensando en las consecuencias que tendrán para las empresas más pequeñas los acuerdos alcanzados, que deberán cumplirse. Esto nos retrotrae a la necesidad de flexibilidad como un componente esencial de los acuerdos, como lo mencionábamos líneas arriba.
En síntesis, de la misma forma que un trozo de plástico flota y uno de hierro se hunde, así deberán ser los acuerdos alcanzados. Con la flexibilidad del plástico, para poder mantener a flote a las empresas en tiempos turbulentos dado que si se opta por la rigidez del hierro, las consecuencias son fácilmente imaginables.
Pablo Salaburu
Éste es, a grandes rasgos, el esquema de negociación. Los negociadores son las cámaras empresariales por un lado, los sindicatos por el otro y el Estado, representado por el Ministerio de Trabajo, como mediador y árbitro en última instancia, encargado de homologar los acuerdos logrados y laudar en casos de desacuerdo o de que no fructifiquen las negociaciones.
Las preguntas que se imponen son varias: ¿Es este esquema adecuado, a la luz de la realidad económica actual? ¿A quienes favorece? ¿A quiénes perjudica?
En nuestra opinión, el esquema puede ser adecuado siempre y cuando se tenga en consideración un alto nivel de flexibilidad. Obviamente, que al negociar a nivel de sectores de actividad, estos engloban tanto a las grandes corporaciones como a los pequeños empresarios. Los mínimos salariales negociados deben cumplirse por ley. El tema es tener la suficiente flexibilidad como para incluir cláusulas de salvaguarda en casos de baja de actividad, crisis sectoriales o eventos globales que repercutan en la economía en general y en el mercado de trabajo en particular.
Los más favorecidos sin duda son los trabajadores, que logran un ámbito de negociación global en un momento, además, en que la organización sindical se halla en niveles muy altos de afiliación, tanto en sectores públicos como privados. El ir a negociar como sindicatos centrales y no de alguna empresa en particular potencia la fuerza y el respaldo que obtienen al momento de sentarse a la mesa de negociación.
Los no tan favorecidos (no nos atrevemos a usar el término “perjudicados”) serían las empresas. De la misma forma que los trabajadores, los negociadores serán las agrupaciones gremiales, en este caso las cámaras empresariales del sector de actividad que corresponda. A este nivel confluyen realidades muy diversas, desde la subsidiaria de una multinacional hasta la pequeña empresa familiar local. En este sentido, deberán tener la precaución de negociar pensando en las consecuencias que tendrán para las empresas más pequeñas los acuerdos alcanzados, que deberán cumplirse. Esto nos retrotrae a la necesidad de flexibilidad como un componente esencial de los acuerdos, como lo mencionábamos líneas arriba.
En síntesis, de la misma forma que un trozo de plástico flota y uno de hierro se hunde, así deberán ser los acuerdos alcanzados. Con la flexibilidad del plástico, para poder mantener a flote a las empresas en tiempos turbulentos dado que si se opta por la rigidez del hierro, las consecuencias son fácilmente imaginables.
Pablo Salaburu
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