Una cuestión de coherencia

Tras el reciente anuncio de la jubilación anticipada por parte del ya ex-consejero delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, y la publicación de las formidables cifras que percibirá en concepto de pensión vitalicia, hemos asistido al surgimiento inmediato de un encendido debate originado por la dimensión de las propias cifras y agravado por la especial sensibilidad que existe actualmente en toda la sociedad debido a la situación económica.

Más allá de juicios éticos y morales, extensibles por otra parte a múltiples ámbitos laborales como el deporte profesional, la política o el mundo del espectáculo, creo que en el caso concreto que nos ocupa (el de los salarios y pensiones de los dirigentes bancarios) nos encontramos ante una cuestión que nos lleva inevitablemente a preguntarnos dónde están el criterio, el respeto y, sobre todo, la coherencia que se les supone a los hombres más poderosos de un país a la hora de tomar decisiones.

Resulta entendible que cualquier compañía privada muestre su disconformidad cuando desde distintos organismos públicos se habla de poner en práctica mecanismos de control y supervisión de los salarios de sus directivos. Toda empresa está en su derecho de organizar su política de retribuciones e indemnizaciones según su propio juicio. Sin embargo, no resulta muy coherente que ante una situación de dificultad como la actual, estas mismas entidades, antes autosuficientes, reclamen desesperadamente una intervención pública en forma de planes de rescate que las salven de una quiebra a la que se ha llegado en parte a causa de la imprudencia de algunos de sus directivos. Advertimos también por estas fechas un sector bancario en pleno proceso de reconversión, realidad que se manifiesta en forma de fusiones de entidades, reducciones de costes, congelación del negocio crediticio o cierre de oficinas. En este escenario de restricciones generalizadas, cualquier empresario requiere más que nunca la confianza de sus clientes y, para conseguirla, sería conveniente que esos clientes se sintieran identificados con las personas que van a manejar, en este caso, nada menos que su dinero. Prácticas como la asignación de pensiones e indemnizaciones tan desproporcionadas, son interpretadas por la ciudadanía como una enorme contradicción y una absoluta falta de coherencia que, desde mi punto de vista, no hace sino provocar un sentimiento creciente de desconfianza hacia las entidades bancarias y sus directivos.

Puede asumirse con naturalidad que un alto cargo de una compañía de la importancia del BBVA obtenga una pensión sensiblemente superior a un ciudadano de a pie. No obstante, si tenemos en cuenta que la pensión media de jubilación en este país está en los 857 euros anuales y que el señor Goirigolzarri obtendrá el resto de su vida unos 3 millones de euros cada año, ciertamente nos invade una gran curiosidad por conocer con exactitud qué tareas desempeñaba durante su jornada laboral, si difieren mucho de las de cualquier otro trabajador y, en ese caso, si esas diferencias son tan abismales como reflejan las cifras anteriores. No creo que sea necesario hacer análisis demasiado profundos más allá del sentido común. Esta situación, sencillamente, ni es razonable, ni refleja la realidad.


Rubén Río García