viernes, 30 de octubre de 2009

ALTOS CARGOS EN LA EMPRESA PRIVADA: SALARIOS Y PENSIONES . ¿Una lotería?

D. José Ignacio Goirigolzarri pone fin a su actividad profesional como consejero delegado de la entidad financiera BBVA, tras más de 30 años de dedicación. Durante su gestión, el BBVA ha llegado a ser una de las entidades bancarias de mayor peso en nuestro país y ha sido internacionalmente reconocida como una de las entidades financieras más seguras en estos momentos. Además, se destaca que fue uno de los pocos bancos que en su día renunció al fondo de adquisición de activos financieros ofrecido por el gobierno, gracias a la iniciativa de adaptar sus recursos y estrategias a las circunstancias del mercado.

Sin entrar en valoraciones de orden ético-moral, social o político, y únicamente considerando la relación entre empresa privada y sus altos cargos, ciertamente sus salarios y pensiones deben de estar en relación directa con los beneficios que aportan, o han aportado, a sus respectivas entidades.

Además, si se piensa en lo que perciben económicamente determinados deportistas de élite como, por ejemplo, algunos profesionales del mundo del fútbol, es factible llegar a la conclusión de que están más que justificadas las compensaciones económicas que, en calidad de sueldos o de pensiones, puedan percibir los altos cargos, en base a los resultados alcanzados en beneficio de sus empresas y de la contribución al estado de bienestar social, mediante la creación de innumerables puestos de trabajo, etc.

Ciertamente, ante la aguda crisis que el mundo está afrontando, y concretamente en el caso de España, puede parecer inaudito el hecho de que un consejero delegado del BBVA perciba una pensión por jubilación anticipada que rondará la sustanciosa cuantía de 3 millones de euros anual.
Por otro lado, aunque la excesiva regulación, la excesiva injerencia del Estado en la iniciativa privada no resulte deseable en una sociedad de libre mercado regulada básicamente en función de la oferta y la demanda, también es cierto que, en la medida en que son los ciudadanos, a través del Estado, los que en efecto están financiando buena parte de la crisis bancaria, de cierta forma comparten con el empresario el riesgo del negocio, lo que debería ser asumido
exclusivamente por el capital.

En consecuencia, puede considerarse la necesidad de ejercer una supervisión más estrecha y la necesidad de establecer controles dirigidos a que este tipo de contratos sean totalmente transparentes y a que se adopten medidas destinadas al establecimiento de límites para estos salarios y pensiones, que jamás deben dar lugar a interpretarse como siendo una lotería. Todo lo contrario, deben de significar siempre una justa compensación por los logros alcanzados a partir de una eficaz y leal labor profesional.

Tania Marcos Alonso

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