Mercado de Valores - Uruguay

Recientemente se aprobó la Ley 18.627 que regula el funcionamiento de los mercados de valores, sus agentes, bolsas de valores y otros mercados con varios objetivos:

 Promoción

Uruguay registra una operativa diaria por cifras muy bajas si consideramos los mercados bursátiles extranjeros. Se trata de una plaza en la cual casi la totalidad de los valores que se cotizan son públicos, por lo que podemos considerala casi inexistente.
El Gobierno conoce los beneficios que le reporta a la economía un mercado de valores desarrollado, otorgándole al empresario la posibilidad de obtener financiación para sus proyectos, al ahorrista opciones de colocación, incentivando la inversión y evitando la “fuga” de capitales.

Entonces, con el cometido de desarrollar un mercado, asesorar al Poder Ejecutivo, realizar estudios, proponer políticas y acciones concretas, en esta materia es que se constituye una Comisión de Promoción del Mercado de Valores.

Con el mismo objetivo se establecen también una serie de incentivos fiscales:
- Exoneración del Impuesto a la Renta para Dividendos por acciones de sociedades que cotizan en bolsa.
- Tasa preferencial del 3% de Impuesto a la Renta ( en lugar de 12% ) para las rentas de certificados de participación en fideicomisos financieros.
- Exoneración de IVA (22%) a los intereses de warrants, descuentos de documentos por medio de la bolsa y comisiones por gestión de valores privados.
- Se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto al Patrimonio por hasta 5 años a las S.A. que realicen suscripciones publicas de acciones en bolsa.

 Actualización

El nuevo marco legal incorpora los cambios en las formas de operar y los nuevos instrumentos de mercado.
Se establecen normas sobre los derechos de propiedad de valores, representados por anotaciones en cuenta, incentivando el uso de valores escriturales para mayor seguridad para los inversionistas con menores costos.

 Regulación y Supervisión

La última crisis financiera, a nivel mundial afectó la confianza de los inversores. El origen de la misma o la razón por la cual no se desató una alerta temprana, es que se trataba de productos financieros o instituciones insuficientemente reguladas.
A nivel internacional, la regulación esta dada por entidades independientes de las bolsas y esto sucede en la mayoría de los países sin considerar su tamaño.
En Uruguay, las potestades dadas al regulador eran ambiguas y su poder de supervisión y sanción limitado.
El enfoque dado por esta ley, es el de proteger al inversionista no sofisticado con una regulación eficaz con los menores costos.
Se le otorgan claras potestades para regular, fiscalizar y sancionar, a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, eliminando los conflictos de interés existentes, se permite el intercambio de información con reguladores extranjeros. Se otorga poder para requerir información de entidades no reguladas y para sancionar y dictar normas.
Solo se podrá hacer oferta pública de valores, si el emisor y los valores están inscriptos en el Registro de Valores de este Organismo.
Las bolsas de valores, instituciones privadas que constituyen mercados y los emisores de valores, deberán adoptar prácticas de gobierno corporativo con el fin de asegurar la supervisión y control de su dirección y el trato a los accionistas.
La nueva ley establece obligaciones en cuanto a las estructuras del directorio, comités de auditoria, forma de contratación de directores, su remuneración y participación accionaria.

 Transparencia

La transparencia en el funcionamiento del mercado de valores, se logra a través de la existencia de información adecuada y de la protección al inversionista.
En este contexto, se establece para los emisores que realicen oferta pública la obligación de:
a) proporcionar información sobre los Estados Financieros Contables y toda otra de carácter relevante en forma completa, puntual y exacta.
b) adoptar normas de contabilidad y auditoria adecuadas.
Se reglamenta y controla la actividad de los Auditores Externos por parte de la Superintendencia y se establece un registro de las Calificadoras de Riesgo.


El objetivo de estas medidas, es la promoción del mercado de valores, pero en un marco de control y supervisión que permita al inversor disponer de información segura a la hora de decidir en que proyecto o producto poner su capital.


Isabel Segade