Todavía es pronto para saber si la reunión del G-20 celebrada en Washington el 15 de noviembre marcará un antes y un después. Los líderes del G-20 parecen haberse concienciado de la gravedad de la situación y adoptar un compromiso político para coordinar una acción económica a nivel mundial. Por tanto, se puede considerar un buen paso para terminar con una situación en la que ha prevalecido la economía financiera sobre la real, el interés especulativo sobre el interés social.
Especialmente reseñable ha sido la necesidad de reformar instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial y evitar el proteccionismo comercial. Así, se refuerza el control y la vigilancia sobre los mercados financieros y se abre la participación a las economías emergentes y en desarrollo. Sin embargo, es necesaria una segunda etapa en la que se concrete el desarrollo de las medidas adoptadas y así, evitar que una crisis de esta magnitud se vuelva a repetir.
Las reformas que se inicien deberán modificar las bases del actual sistema financiero internacional. Es necesario mejorar la transparencia de los mercados, especialmente en lo que se refiere a los productos financieros más sofisticados; debe intensificarse la vigilancia, sobre todo a las agencias de calificación de riesgo que fallaron; y promover la integridad ética de los mercados financieros y la protección a los consumidores, evitando conflictos de intereses y previniendo la manipulación ilegal, las actividades fraudulentas y los abusos.
Imprescindible un debate sobre Europa y para Europa. Se hace necesario, establecer medidas coordinadas que permita a los países de la UE relanzar la economía real y luchar contra el paro. Esto pasa por proteger en mayor medida a los sectores industriales en los que se destruye empleo; relanzar proyectos de inversión; y respetar los salarios de los trabajadores, esenciales para reactivar la demanda interna y la economía. Se reclama una estrategia coordinada para perseguir la evasión fiscal de empresas y particulares y, que exista una solidaridad económica europea, de tal forma que los Estados miembros con reducidos déficits y elevados saldos comerciales impulsen el crecimiento del resto de la economía europea.
En nuestro país es urgente, además, facilitar el tránsito de empleos de baja productividad a empleos de mayor valor añadido y establecer más inversiones en capital humano para adecuar el sistema educativo y la Formación Profesional a las necesidades del mercado laboral, Es imprescindible, además, la modernización de los Servicios Públicos de Empleo, para que agilicen la recolocación de las personas que han perdido su trabajo y garantizar la protección por desempleo y el gasto público en general, para contrarrestar los efectos de la crisis sobre el bienestar de los ciudadanos. Todo se traduce en más infraestructuras públicas y equipamientos sociales, políticas de I+D+i, y el fortalecimiento de las políticas activas de empleo. Las claves de una solución adecuada están también en medidas que favorezcan la liquidez de las empresas, sobre todo de las pymes; en estimular la demanda, a través de una mejora del poder adquisitivo de los salarios; e impulsar, en definitiva, el necesario cambio del modelo productivo de nuestro país.
Nuria Álvarez González
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