Mientras Obama anuncia un plan “valiente” para elevar el gasto público y bajar impuestos, Bush asegura que está dispuesto a rescatar a más bancos de ser necesario, Reino Unido anuncia un plan de 23.500 millones para reanimar la economía y Alemania prolonga su desaceleración otros seis meses más pagándolo el mercado laboral, el jefe del Ejecutivo español tras insistir en que lo sucedido en los últimos tiempos ha demostrado que el mundo está interrelacionado, ha ratificado la necesidad de reformar el orden financiero internacional "a fondo", pero, a la vez, también señaló que hay que recuperar los compromisos de los Objetivos del Milenio, pues, tras la cumbre de Washington, aseguró que las expectativas para la recuperación económica y para el combate de una recesión generalizada son mucho mayores que hace unas semanas. En su opinión, la cita ha aportado certidumbre y acuerdo sobre las medidas a aplicar para superar la crisis económica mundial, al tiempo que destacó la voluntad de cooperación de todos los países para remontar la actual situación, aunque reconoció que las reformas acordadas en la cumbre llevarán su tiempo. En este sentido, del documento aprobado podemos extraer cuatro conclusiones:
· El compromiso de reactivar la economía mundial.
· La necesidad de reforzar el funcionamiento de los mercados financieros para poner orden y seguridad.
· La reforma del FMI y el Banco Mundial para dotarlos de mayor legitimidad.
· Y el compromiso de que no habrá medidas de proteccionismo.
Y también, no menos importante, entender, según Celestino Corbacho que sería una equivocación solucionar la crisis con unas reformas laborales.
Por otra parte, desde nuestro Gobierno, ya con anterioridad, se había señalado que se adoptarán nuevas medidas en favor de las pequeñas y medianas empresas, mediante actuaciones que promuevan su capacidad de crédito y de financiación, ya que se ha prometido una fuerte acción que ayude a la actividad económica y que permita mantener los empleos a pesar de de los problemas.
Y llegados a este punto, ¿qué sucede con esa parte de la población que no se cita?, porque hablamos de los bancos, las empresas, las familias, pero…¿y qué es de los pensionistas?. Pues, obviamente, como factor importante también, las Cortes han puesto en marcha, en plena crisis económica, la maquinaria para modificar el sistema de prestaciones, una iniciativa de enorme trascendencia dado que terminará por afectar a todos los ciudadanos y que causa, siempre, inquietud en los casi 8,5 millones de pensionistas del país.
El proceso, lanzado en el arranque de una crisis económica que se prevé muy dura y prolongada, durará meses, y el motivo de la realización de los cambios ahora, entendemos que es porque los recortes en el sistema de pensiones son siempre impopulares y tienen un alto coste en imagen para la Administración que los impulsa, y mucho más si se abordan en periodos de bonanza económica como los vividos por España a lo largo de los últimos quince años.
Todo apunta a que ya hay el consenso político suficiente para dar un vuelco a las pensiones de viudedad. Las necesidades de la sociedad actual, con varios tipos de familias, son diferentes a las de hace apenas unos años, y en una economía en la que trabajan fuera de casa tanto el hombre como la mujer no tiene mucho sentido mantener semejante prestación de una forma vitalicia. De todas maneras, cualquier reforma mantendrá los derechos de los actuales beneficiarios, serán respetados. También deberán adoptarse medidas que mejoren la proporción entre lo cotizado y la cuantía de la prestación -la contributividad-, y la más barajada es alargar el periodo de cómputo para calcular la pensión, fijado ahora en los últimos quince años cotizados. Lo que parece poco probable es que se retrase la edad legal de jubilación, situada en la actualidad en 65 años.
En cuanto a las instituciones internacionales, destacar que tanto el FMI como la Comisión Europea han urgido en los últimos años a España -y a otros países- a que acometa una reforma profunda del sistema de pensiones, pues lo consideran “excesivamente generoso” en algunos capítulos, como la pensión de viudedad, y han puesto el acento en los “abusos” de los beneficios por incapacidad temporal o permanente.
Y en otros países, a mayor parte de los estados que tienen sistemas públicos de pensiones han abordado en los últimos años importantes cambios, o los tienen en agenda a la espera del momento político o económico más adecuado. Entre nuestros vecinos destaca Francia, que en una ley de 2003 ha elevado el número de años necesarios para acceder a una prestación completa -de 40 a 42-. Este país tiene la edad real más baja de retiro de Europa, situada en torno a los 59 años. En Alemania se ha alargado la edad de jubilación hasta los 67, aunque el periodo para su completa aplicación durará hasta 2029. Italia también ha abordado el problema y, tras varias huelgas generales convocadas por los sindicatos, este año se ha logrado un acuerdo para retrasar la edad de retiro y elevar el tiempo de cotización. Grecia, por su parte, deberá afrontar medidas “draconianas” si no quiere que su sistema se 'coma' los presupuestos públicos dentro de unos años.
IRENE DE CASTRO.
· El compromiso de reactivar la economía mundial.
· La necesidad de reforzar el funcionamiento de los mercados financieros para poner orden y seguridad.
· La reforma del FMI y el Banco Mundial para dotarlos de mayor legitimidad.
· Y el compromiso de que no habrá medidas de proteccionismo.
Y también, no menos importante, entender, según Celestino Corbacho que sería una equivocación solucionar la crisis con unas reformas laborales.
Por otra parte, desde nuestro Gobierno, ya con anterioridad, se había señalado que se adoptarán nuevas medidas en favor de las pequeñas y medianas empresas, mediante actuaciones que promuevan su capacidad de crédito y de financiación, ya que se ha prometido una fuerte acción que ayude a la actividad económica y que permita mantener los empleos a pesar de de los problemas.
Y llegados a este punto, ¿qué sucede con esa parte de la población que no se cita?, porque hablamos de los bancos, las empresas, las familias, pero…¿y qué es de los pensionistas?. Pues, obviamente, como factor importante también, las Cortes han puesto en marcha, en plena crisis económica, la maquinaria para modificar el sistema de prestaciones, una iniciativa de enorme trascendencia dado que terminará por afectar a todos los ciudadanos y que causa, siempre, inquietud en los casi 8,5 millones de pensionistas del país.
El proceso, lanzado en el arranque de una crisis económica que se prevé muy dura y prolongada, durará meses, y el motivo de la realización de los cambios ahora, entendemos que es porque los recortes en el sistema de pensiones son siempre impopulares y tienen un alto coste en imagen para la Administración que los impulsa, y mucho más si se abordan en periodos de bonanza económica como los vividos por España a lo largo de los últimos quince años.
Todo apunta a que ya hay el consenso político suficiente para dar un vuelco a las pensiones de viudedad. Las necesidades de la sociedad actual, con varios tipos de familias, son diferentes a las de hace apenas unos años, y en una economía en la que trabajan fuera de casa tanto el hombre como la mujer no tiene mucho sentido mantener semejante prestación de una forma vitalicia. De todas maneras, cualquier reforma mantendrá los derechos de los actuales beneficiarios, serán respetados. También deberán adoptarse medidas que mejoren la proporción entre lo cotizado y la cuantía de la prestación -la contributividad-, y la más barajada es alargar el periodo de cómputo para calcular la pensión, fijado ahora en los últimos quince años cotizados. Lo que parece poco probable es que se retrase la edad legal de jubilación, situada en la actualidad en 65 años.
En cuanto a las instituciones internacionales, destacar que tanto el FMI como la Comisión Europea han urgido en los últimos años a España -y a otros países- a que acometa una reforma profunda del sistema de pensiones, pues lo consideran “excesivamente generoso” en algunos capítulos, como la pensión de viudedad, y han puesto el acento en los “abusos” de los beneficios por incapacidad temporal o permanente.
Y en otros países, a mayor parte de los estados que tienen sistemas públicos de pensiones han abordado en los últimos años importantes cambios, o los tienen en agenda a la espera del momento político o económico más adecuado. Entre nuestros vecinos destaca Francia, que en una ley de 2003 ha elevado el número de años necesarios para acceder a una prestación completa -de 40 a 42-. Este país tiene la edad real más baja de retiro de Europa, situada en torno a los 59 años. En Alemania se ha alargado la edad de jubilación hasta los 67, aunque el periodo para su completa aplicación durará hasta 2029. Italia también ha abordado el problema y, tras varias huelgas generales convocadas por los sindicatos, este año se ha logrado un acuerdo para retrasar la edad de retiro y elevar el tiempo de cotización. Grecia, por su parte, deberá afrontar medidas “draconianas” si no quiere que su sistema se 'coma' los presupuestos públicos dentro de unos años.
IRENE DE CASTRO.
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