Ese fue el título del oscarizado film de los hermanos Coen, en el que Javier Bardem había hecho un tremendo papelón, pero, ¿podríamos trasladar este título a la realidad del sistema de pensiones de muchos de los países europeos?, la respuesta parece ser, indiscutiblemente, si.
Este parece un tema delicado y que raramente los políticos quieren abordar, pero desde la OCDE, aseguran que en materia de pensiones, España podría llegar a situar en quiebra su sistema público si no acomete reformas con carácter urgente.
Pero toda esta problemática deriva en un tema mucho más sencillo, la transparencia del gobierno, la gente de la calle se pregunta: ¿el dinero que he ahorrado estará ahí cuando lo necesite?
La mayor parte de países que cuentan con sistemas desarrollados, entre ellos España, han confiado tradicionalmente en el régimen de pagos con cargo a ingresos corrientes, “pay as you go” (PAYG), a día de hoy, estos sistemas parecen muy agotados. Durante el periodo de post guerra, en tiempos del baby boom, este sistema, que viene a decir que las pensiones de hoy se pagan con las contribuciones de hoy, era y parecía sostenible. Pero la pirámide poblacional en estos tiempos dista mucho de la de los años cincuenta a los setenta. Se han producido importantes cambios económicos (hemos pasado de una estructura industrial a una de servicios), familiares (los abuelos ya no viven con sus familias) y de estructura social (menos natalidad y mayor numero de pensionistas que además viven alrededor de 15 años más, debido al incremento de la esperanza de vida).
Por todo ello, el sistema PAYG, parece obsoleto en estos tiempos que corren y la tendencia llevada a cabo en estos últimos años está encaminada hacia la privatización de las pensiones, dándole mayor sostenibilidad al sistema y aprovechando los mercados de capitales. Es decir, un sistema híbrido que diversificaría los posibles riesgos de cobertura, donde el sector privado orientaría el ahorro hacia una inversión rentable y provocaría ganancias en eficiencia y crecimiento, mientras que por otro lado el sector publico ajustaría las prestaciones de forma igualitaria y coordinada.
Pero la reforma se presenta complicada, no es un simple cuadre de cuentas, el proceso tiene trascendentales consecuencias culturales, sociales y financieras. Además se presenta como una batalla entre dos corrientes enfrentadas, el ministerio de de economía que analiza el problema desde la perspectiva financiera y el ministerio de salud y protección social, que se fija en otros aspectos.
Las posibles alternativas que se presentan serían a grandes rasgos, tres, la primera seguir manteniendo el sistema PAYG de reparto, presente en la mayoría de los países europeos, pero mejorando su eficiencia económica y busca de solucionar sus graves problemas de sostenibilidad, una alternativa en la que tendrían cabida los sistemas privados pero de una forma complementaria.
La segunda alternativa sería la privatización total del sistema de pensiones, una solución poco coherente, debido a la estructura de las pensiones en estos momentos y que podría ser contemplada más a largo plazo que a corto. Un sistema que si esta más de moda en países de América Latina.
La última alternativa sería una mezcla de las dos anteriores, es decir, un sistema mixto de pensiones, en la que conviva un sistema público que garantice unas cantidades mínimas de subsidio y un sistema privado un poco más implicado con la causa y no de forma complementaria, como planteaba la primera de las alternativas.
En España, este proceso de cambio se está llevando a cabo desde el año 1995 con el “Pacto de Toledo” y sus respectivas revisiones y reformas, pero que a grosso modo establecen líneas de actuación y de reforma a introducir en el sistema de pensiones actual, el contributivo. Esto encuadra a nuestro país en la opción a, antes nombrada, pero numerosos expertos anuncian que dicha dinámica cambiará en el año 2010-2015 (coincidiendo con la jubilación del baby boom de los años cincuenta) y será aquí donde la opción c se abrirá paso de manera firme y contundente.
Estas mejoras se han centrado por un lado, en disminuir la base de personas pensionistas (ampliación de la edad de jubilación e incentivos a la no prejubilación) y aumentar la base de personas contribuyentes (políticas natalistas o políticas de emigración más permisivas) y por otro lado, en modificar la estructura de las pensiones, intentando buscar un punto intermedio entre contribuyentes y pensionistas, en términos de la calle, que los primeros paguen más mientas que los segundos cobren menos.
En mi opinión, sabiendo que España siempre va un escalón por detrás de las principales potencias europeas y eso es nefasto para nuestra economía, debemos saber sacarle provecho a esa situación, y podemos estudiar países con mejores sistemas de pensiones como es el caso de Dinamarca, Holanda, Reino Unido o Irlanda que disfrutan de una red avanzada de pensiones privadas, son países con un baby boom anterior, acabo diez años antes que el español.
Este parece un tema delicado y que raramente los políticos quieren abordar, pero desde la OCDE, aseguran que en materia de pensiones, España podría llegar a situar en quiebra su sistema público si no acomete reformas con carácter urgente.
Pero toda esta problemática deriva en un tema mucho más sencillo, la transparencia del gobierno, la gente de la calle se pregunta: ¿el dinero que he ahorrado estará ahí cuando lo necesite?
La mayor parte de países que cuentan con sistemas desarrollados, entre ellos España, han confiado tradicionalmente en el régimen de pagos con cargo a ingresos corrientes, “pay as you go” (PAYG), a día de hoy, estos sistemas parecen muy agotados. Durante el periodo de post guerra, en tiempos del baby boom, este sistema, que viene a decir que las pensiones de hoy se pagan con las contribuciones de hoy, era y parecía sostenible. Pero la pirámide poblacional en estos tiempos dista mucho de la de los años cincuenta a los setenta. Se han producido importantes cambios económicos (hemos pasado de una estructura industrial a una de servicios), familiares (los abuelos ya no viven con sus familias) y de estructura social (menos natalidad y mayor numero de pensionistas que además viven alrededor de 15 años más, debido al incremento de la esperanza de vida).
Por todo ello, el sistema PAYG, parece obsoleto en estos tiempos que corren y la tendencia llevada a cabo en estos últimos años está encaminada hacia la privatización de las pensiones, dándole mayor sostenibilidad al sistema y aprovechando los mercados de capitales. Es decir, un sistema híbrido que diversificaría los posibles riesgos de cobertura, donde el sector privado orientaría el ahorro hacia una inversión rentable y provocaría ganancias en eficiencia y crecimiento, mientras que por otro lado el sector publico ajustaría las prestaciones de forma igualitaria y coordinada.
Pero la reforma se presenta complicada, no es un simple cuadre de cuentas, el proceso tiene trascendentales consecuencias culturales, sociales y financieras. Además se presenta como una batalla entre dos corrientes enfrentadas, el ministerio de de economía que analiza el problema desde la perspectiva financiera y el ministerio de salud y protección social, que se fija en otros aspectos.
Las posibles alternativas que se presentan serían a grandes rasgos, tres, la primera seguir manteniendo el sistema PAYG de reparto, presente en la mayoría de los países europeos, pero mejorando su eficiencia económica y busca de solucionar sus graves problemas de sostenibilidad, una alternativa en la que tendrían cabida los sistemas privados pero de una forma complementaria.
La segunda alternativa sería la privatización total del sistema de pensiones, una solución poco coherente, debido a la estructura de las pensiones en estos momentos y que podría ser contemplada más a largo plazo que a corto. Un sistema que si esta más de moda en países de América Latina.
La última alternativa sería una mezcla de las dos anteriores, es decir, un sistema mixto de pensiones, en la que conviva un sistema público que garantice unas cantidades mínimas de subsidio y un sistema privado un poco más implicado con la causa y no de forma complementaria, como planteaba la primera de las alternativas.
En España, este proceso de cambio se está llevando a cabo desde el año 1995 con el “Pacto de Toledo” y sus respectivas revisiones y reformas, pero que a grosso modo establecen líneas de actuación y de reforma a introducir en el sistema de pensiones actual, el contributivo. Esto encuadra a nuestro país en la opción a, antes nombrada, pero numerosos expertos anuncian que dicha dinámica cambiará en el año 2010-2015 (coincidiendo con la jubilación del baby boom de los años cincuenta) y será aquí donde la opción c se abrirá paso de manera firme y contundente.
Estas mejoras se han centrado por un lado, en disminuir la base de personas pensionistas (ampliación de la edad de jubilación e incentivos a la no prejubilación) y aumentar la base de personas contribuyentes (políticas natalistas o políticas de emigración más permisivas) y por otro lado, en modificar la estructura de las pensiones, intentando buscar un punto intermedio entre contribuyentes y pensionistas, en términos de la calle, que los primeros paguen más mientas que los segundos cobren menos.
En mi opinión, sabiendo que España siempre va un escalón por detrás de las principales potencias europeas y eso es nefasto para nuestra economía, debemos saber sacarle provecho a esa situación, y podemos estudiar países con mejores sistemas de pensiones como es el caso de Dinamarca, Holanda, Reino Unido o Irlanda que disfrutan de una red avanzada de pensiones privadas, son países con un baby boom anterior, acabo diez años antes que el español.
ALBERTO PILLADO
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