La reforma del sistema público de pensiones es una necesidad inmediata en nuestro país dado que por todos es sabido que nuestro sistema piramidal, si no se cambia y mejora, está condenado al fracaso. Incluso puede llegar a la quiebra.
Se trata de un sistema que provoca que en los años en los que las economías tengan un crecimiento económico alto y elevados niveles de empleo, éstas pensiones no significarán un gran gasto, pues la gran mayoría de los que llegan a jubilarse han tenido posibilidades de trabajar y, por tanto, de generar derechos y fondos para la hora de su jubilación. El aumento que se produce en estas prestaciones por parte del gobierno es el resultado, más bien, del deseo de ampliar el alcance del bienestar social.
Sin embargo, en los últimos años, cuando la actividad económica se ha ralentizado y el desempleo ha aumentado hasta cifras muy elevadas, cuando, en su consecuencia, han aparecido grandes bolsas de pobreza y marginación social, estas pensiones han debido aumentar de un modo significativo. Por un lado, porque había más beneficiarios potenciales a causa de la crisis; por otro, porque a pesar de que suponían más carga financiera, a los gobiernos les resulta siempre difícil desatender la influencia electoral que siempre tiene la población jubilada.
El sistema actual se fundamenta en un mecanismo proveedor de prestaciones de carácter universal (porque pretende atender la necesidad de todos los ciudadanos), basado en los principios de solidaridad y redistribución de las rentas horizontal (entre miembros de una misma generación) y verticalmente (entre generaciones diferentes), y que tiene dos grandes ámbitos: las pensiones no contributivas y las contributivas.
El problema principal viene provocado por los cambios producidos en nuestra pirámide de poblacional. La vida moderna hace que nuestra natalidad descienda a pasos agigantados y provoca el envejecimiento de nuestra población. En pocos años la población activa que pagará las pensiones de los jubilados será menor que los beneficiarios de dicha prestación y será aún peor con el paso de los años.
El sistema, se basa entonces, en un acuerdo implícito los trabajadores actuales pagan las pensiones de los pensionistas actuales con la certeza de que cuando ellos se encuentren en está situación existirán otros trabajadores que se la pagarán. Además existe un determinado número de pensiones no contributivas a las que el Estado tiene que hacer frente, se trata de personas que nunca han participado en la vida laboral o si lo han hecho ha sido a través de la denominada economía sumergida, el gobierno para hacer frente a estos pagos saca dinero de los impuestos.
Con el sistema actual será necesario retrasar la edad de jubilación y reducir las ya de por si deficientes prestaciones. Además, hay que tener en cuenta que con este sistema cuando una persona comienza a percibir la prestación pierde poder adquisitivo sobre todo aquellos que percibían unos rendimientos del trabajo muy elevados. De ahí que, en los últimos tiempos se desarrollen en nuestro país muchos fondos privados de pensiones y cada año se incremente el número de participantes así como las cantidades aportadas. Hay que tener en cuenta que estos fondos cuentan con incentivos fiscales aunque existen límites a las aportaciones que pueden realizarse. La ventaja de estos sistemas privados viene dada por su sistema de capitalización e inversión de las aportaciones de cada socio. La cantidad percibida en el futuro dependerá de las aportaciones realizadas y de la capacidad de inversión de los gestores. Con esto eliminamos el riesgo de que no existan suficientes trabajadores en el futuro para hacer frente a las prestaciones ya que cada persona percibirá la prestación en función de lo aportado y de la rentabilidad que la gestora consiga.
Mª ESTHER GALLARDO
No hay comentarios:
Publicar un comentario