El problema de las pensiones es un asunto que está en la piel de la ciudadanía, es un quebradero de cabeza que sostienen tanto los contribuyentes actuales como los pensionistas de hoy en día.
Todo se remonta al Pacto de Toledo de 1995, que recordemos que es un acuerdo parlamentario para velar por el sistema público de pensiones firmado por los políticos para intentar poner fin al problema de las pensiones.
Como todo problema, para analizarlo, hay que analizar sus antecedentes y esta vez mas que nunca, estos son muy clarificadores, pues la economía española ha sufrido numerosos cambios, su población ha aumentado en número y en calidad de vida, la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo y se han reducido drásticamente las tasas de natalidad y mortalidad, por lo que en consecuencia la población española ha envejecido mucho, y mas que lo haría si no llega a ser por los inmigrantes que han venido en estos últimos años.
En España la base del sistema de pensiones se sostiene en que las pensiones de hoy las pagan los contribuyentes de hoy (lo que se conoce como sistema de reparto), pero hay otro sistema mas, el de capitalización (utilizado en otros países) y por el cual se determina la cuantía de la jubilación en función de las aportaciones realizadas según un rendimiento financiero en el tiempo, considerando la esperanza de vida.
Los dos sistemas son perfectamente compatibles aunque como ya vimos discurren aún por alguna vía separados y se tendrán que unificar para dar solución al problema en cuestión, pues aunque despunte la tasa de natalidad y de población activa, vía población española o inmigrante, la pensión es algo vital para el que la recibe, ya sea esta de jubilación, viudedad o incapacidad.
Cuanto menos es cuestionable que el poder de tomar este tipo de decisiones las tengan los políticos, ya que nunca tomarán decisiones que perjudiquen sus intereses, venga a colación la imposibilidad de privatizar las pensiones, pues es demasiado impopular, y sería una pena el ni tan siquiera tenerla en cuenta, ya que aún si abogar por el 100% de las pensiones en manos privadas, éstas al estar lejos de papa Estado, podrían ser destinadas plenamente a inversiones rentables y así de paso revitalizar económicamente hablando, otros sectores.
Es obvio reconocer que es un asunto que no se limita a cotizantes y pensionistas, y que todos deben arrimar el hombro para resolverlo, como están haciendo algunas empresas alargando la edad de jubilación, e incluso algunos trabajadores, que siendo conscientes de la situación alargan su edad de jubilación para no ahogar todavía un poquito mas al sistema.
De momento los ciudadanos, atemorizados porque dentro de cinco o seis décadas decaiga el actual modelo pensionista, actúan según su posición en el problema, y hay de los que si se lo pueden permitir, contratan un plan de pensiones privado, y de los que no se lo pueden permitir y rezan para que sus descendientes puedan cobrarla y que a ellos no les toquen la pensión.
Todo se remonta al Pacto de Toledo de 1995, que recordemos que es un acuerdo parlamentario para velar por el sistema público de pensiones firmado por los políticos para intentar poner fin al problema de las pensiones.
Como todo problema, para analizarlo, hay que analizar sus antecedentes y esta vez mas que nunca, estos son muy clarificadores, pues la economía española ha sufrido numerosos cambios, su población ha aumentado en número y en calidad de vida, la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo y se han reducido drásticamente las tasas de natalidad y mortalidad, por lo que en consecuencia la población española ha envejecido mucho, y mas que lo haría si no llega a ser por los inmigrantes que han venido en estos últimos años.
En España la base del sistema de pensiones se sostiene en que las pensiones de hoy las pagan los contribuyentes de hoy (lo que se conoce como sistema de reparto), pero hay otro sistema mas, el de capitalización (utilizado en otros países) y por el cual se determina la cuantía de la jubilación en función de las aportaciones realizadas según un rendimiento financiero en el tiempo, considerando la esperanza de vida.
Los dos sistemas son perfectamente compatibles aunque como ya vimos discurren aún por alguna vía separados y se tendrán que unificar para dar solución al problema en cuestión, pues aunque despunte la tasa de natalidad y de población activa, vía población española o inmigrante, la pensión es algo vital para el que la recibe, ya sea esta de jubilación, viudedad o incapacidad.
Cuanto menos es cuestionable que el poder de tomar este tipo de decisiones las tengan los políticos, ya que nunca tomarán decisiones que perjudiquen sus intereses, venga a colación la imposibilidad de privatizar las pensiones, pues es demasiado impopular, y sería una pena el ni tan siquiera tenerla en cuenta, ya que aún si abogar por el 100% de las pensiones en manos privadas, éstas al estar lejos de papa Estado, podrían ser destinadas plenamente a inversiones rentables y así de paso revitalizar económicamente hablando, otros sectores.
Es obvio reconocer que es un asunto que no se limita a cotizantes y pensionistas, y que todos deben arrimar el hombro para resolverlo, como están haciendo algunas empresas alargando la edad de jubilación, e incluso algunos trabajadores, que siendo conscientes de la situación alargan su edad de jubilación para no ahogar todavía un poquito mas al sistema.
De momento los ciudadanos, atemorizados porque dentro de cinco o seis décadas decaiga el actual modelo pensionista, actúan según su posición en el problema, y hay de los que si se lo pueden permitir, contratan un plan de pensiones privado, y de los que no se lo pueden permitir y rezan para que sus descendientes puedan cobrarla y que a ellos no les toquen la pensión.
GERMÁN X. MARTÍN
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