Bolsa de Valores de Montevideo – Un poco de historia
La Bolsa de Valores de Montevideo tiene sus orígenes en el año 1867, nace como punto de reunión de comerciantes para tratar los temas relacionados con su actividad.
En 1875 se constituye estatutariamente la Comisión de Corredores y operará con ese nombre hasta el año 1937, fecha en que cambiará su razón social a Asociación de Corredores de la Bolsa de Comercio. Más tarde, en el año 1952, se transformará en Bolsa de Valores y será recién en el año 2004 que adquirirá el nombre actual de Bolsa de Valores de Montevideo.
Desde el inicio la operativa fue dominada por la Deuda Pública, superando ésta en 1904 el 90% de la actividad.
En el año 1934, gracias a la expansión industrial que generaron las guerras europeas, la actividad bursátil tuvo un importante crecimiento, cotizando alrededor de 45 empresas – en su mayoría industriales – en el período 1934-1947
A partir de 1950 la actividad comienza a retraerse; para 1979 sólo operaban 33 empresas y en 1985 la cifra había caído a 23.
En la década de los 90, las transacciones en acciones de algunos años apenas alcanzaron el 1% del total operado. En 1996, con la aparición de las Administradoras de Ahorro Provisional (AFAP) y el nacimiento de un nuevo marco jurídico con la Ley del Mercado de Valores y Obligaciones Negociables, se vuelve a intentar favorecer el crecimiento de la operativa bursátil.
En la actualidad la Bolsa de Valores de Montevideo opera por dos millones de dólares diarios - cifra muy pequeña si las comparamos con los mercados bursátiles extranjeros - y si a esto agregamos que prácticamente el 98% de los valores cotizados son públicos, podemos concluir que el mercado de valores en Uruguay es casi inexistente.
Ley Nº 18.627 de Mercado de Valores - Actualidad
El 2 de diciembre de 2009 el Gobierno aprobó la denominada Ley de Mercado de Valores, ley que deroga la anterior ley de Mercado de Valores (ley Nº 16.749 del 30/5/96).
Esta nueva ley prevé normas para la regulación del mercado de valores, los emisores y todos los agentes participantes en la actividad, las bolsas de valores y demás mercados de negociación de valores de oferta pública.
En ella se define qué comprende la oferta pública de valores y se establece que la misma podrá llevarse a cabo únicamente cuando los valores y su emisor se encuentren debidamente inscriptos en el Registro de Valores que estará bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU).
Asimismo la referida ley establece que se entenderá por valores, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento, que cumplan con los requisitos vigentes.
Este concepto incluye acciones, obligaciones negociables, mercado de futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y en general, todo derecho de crédito o inversión y obliga a todas las emisiones de valores a contar con una calificación de riesgo.
Otro aspecto que merece ser destacado es que las bolsas de valores, las instituciones privadas que negocien valores de oferta pública y los emisores de valores de oferta pública deberán aplicar las prácticas de Gobierno Corporativo, con el objetivo de asegurar que exista el control adecuado y que el trato a los accionistas sea justo e igualitario.
A los efectos de impulsar el desarrollo de mercado de valores esta ley incorpora una serie de exoneraciones y beneficios tributarios. Se prevén beneficios en materia del Impuesto a las Rentas de Persona Física (IRPF), el Impuesto a las Rentas de No Residentes (IRNR), el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto al Patrimonio (IP).
Se crea además la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, cuyo cometido será precisamente impulsar el desarrollo de dicho mercado.
Si bien tanto el Gobierno como la oposición afirman que con esta ley se pretende fomentar y crear un mercado de capitales real y que sin duda se trata de un importante esfuerzo para dotar de mayor dinamismo y mejor regulación al mercado de valores, hay posiciones que afirman que los aportes del proyecto se ven opacados por la obligación de que todas las emisiones de valores deban contar con una calificación de riesgo.
La Bolsa de Valores de Montevideo tiene sus orígenes en el año 1867, nace como punto de reunión de comerciantes para tratar los temas relacionados con su actividad.
En 1875 se constituye estatutariamente la Comisión de Corredores y operará con ese nombre hasta el año 1937, fecha en que cambiará su razón social a Asociación de Corredores de la Bolsa de Comercio. Más tarde, en el año 1952, se transformará en Bolsa de Valores y será recién en el año 2004 que adquirirá el nombre actual de Bolsa de Valores de Montevideo.
Desde el inicio la operativa fue dominada por la Deuda Pública, superando ésta en 1904 el 90% de la actividad.
En el año 1934, gracias a la expansión industrial que generaron las guerras europeas, la actividad bursátil tuvo un importante crecimiento, cotizando alrededor de 45 empresas – en su mayoría industriales – en el período 1934-1947
A partir de 1950 la actividad comienza a retraerse; para 1979 sólo operaban 33 empresas y en 1985 la cifra había caído a 23.
En la década de los 90, las transacciones en acciones de algunos años apenas alcanzaron el 1% del total operado. En 1996, con la aparición de las Administradoras de Ahorro Provisional (AFAP) y el nacimiento de un nuevo marco jurídico con la Ley del Mercado de Valores y Obligaciones Negociables, se vuelve a intentar favorecer el crecimiento de la operativa bursátil.
En la actualidad la Bolsa de Valores de Montevideo opera por dos millones de dólares diarios - cifra muy pequeña si las comparamos con los mercados bursátiles extranjeros - y si a esto agregamos que prácticamente el 98% de los valores cotizados son públicos, podemos concluir que el mercado de valores en Uruguay es casi inexistente.
Ley Nº 18.627 de Mercado de Valores - Actualidad
El 2 de diciembre de 2009 el Gobierno aprobó la denominada Ley de Mercado de Valores, ley que deroga la anterior ley de Mercado de Valores (ley Nº 16.749 del 30/5/96).
Esta nueva ley prevé normas para la regulación del mercado de valores, los emisores y todos los agentes participantes en la actividad, las bolsas de valores y demás mercados de negociación de valores de oferta pública.
En ella se define qué comprende la oferta pública de valores y se establece que la misma podrá llevarse a cabo únicamente cuando los valores y su emisor se encuentren debidamente inscriptos en el Registro de Valores que estará bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU).
Asimismo la referida ley establece que se entenderá por valores, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento, que cumplan con los requisitos vigentes.
Este concepto incluye acciones, obligaciones negociables, mercado de futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y en general, todo derecho de crédito o inversión y obliga a todas las emisiones de valores a contar con una calificación de riesgo.
Otro aspecto que merece ser destacado es que las bolsas de valores, las instituciones privadas que negocien valores de oferta pública y los emisores de valores de oferta pública deberán aplicar las prácticas de Gobierno Corporativo, con el objetivo de asegurar que exista el control adecuado y que el trato a los accionistas sea justo e igualitario.
A los efectos de impulsar el desarrollo de mercado de valores esta ley incorpora una serie de exoneraciones y beneficios tributarios. Se prevén beneficios en materia del Impuesto a las Rentas de Persona Física (IRPF), el Impuesto a las Rentas de No Residentes (IRNR), el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto al Patrimonio (IP).
Se crea además la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, cuyo cometido será precisamente impulsar el desarrollo de dicho mercado.
Si bien tanto el Gobierno como la oposición afirman que con esta ley se pretende fomentar y crear un mercado de capitales real y que sin duda se trata de un importante esfuerzo para dotar de mayor dinamismo y mejor regulación al mercado de valores, hay posiciones que afirman que los aportes del proyecto se ven opacados por la obligación de que todas las emisiones de valores deban contar con una calificación de riesgo.
Ricardo Petrone
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