Antes de pronunciarme sobre esta pregunta, deberíamos plantearnos si a efectos legales sería posible y viable la privatización de las Cajas de Ahorros. La esencia o naturaleza de éstas según la Ley de Cajas es claramente pública, al formar parte de sus Consejos de Administración miembros de la Administración Pública, poseer competencia para regularlas y tener un claro y marcado fin social.
La privatización permitiría la gestión propia y autónoma de la entidad resultante, con sus propios órganos de gobierno, de gestión y de administración, sin necesaria interferencia del Poder Público o “Poder Político”, e implicaría que las cuotas participativas en las que se dividen las Cajas y que sólo conllevan derechos económicos como la percepción del dividendo pero sin derecho de voto, pasen a convertirse en acciones negociables con sus correspondientes derechos políticos, es decir, derecho de voto, derecho de participación en las Asambleas, derecho de propiedad sobre la parte alícuota correspondiente, etc.
En su caso, una fusión es un pacto entre empresas por el que se integran para conseguir una mejora de sus estructuras productivas y organizativas , se siguen rigiendo por la misma regulación, se mantienen los consejos, se mantienen las marcas o se establece una común, pero se fusionan los recursos propios y la gestión del riesgo. Todo ello conlleva una reestructuración más compleja y una ardua gestión, ya no solo de los intereses propios de las partes si no de la búsqueda del equilibrio necesario en el que se asiente la viabilidad y la rentabilidad de la futura entidad.
Lo que si deja claro la actual Ley de Cajas es que un Banco no puede absorber una Caja ni fusionarse con ella. Ello nos hace replantearnos la situación vivida hace poco entre Cajastur y Caja Castilla la Mancha, en donde una filial de la primera, el Banco Liberta, con naturaleza jurídica de banco, se hizo con la participación mayoritaria de la segunda. Esto hace que muchos expertos lo entiendan como una privatización encubierta o incluso como un fraude de Ley, ya que ello permitiría que en cualquier momento un Banco pueda hacerse con el Banco Liberta y con ello controlar la parte de la Caja manchega.
En definitiva, quiero pensar que si las Cajas de Ahorros fueran de propiedad privada, se reducirían las distorsiones económicas provocadas por las interferencias políticas en la gestión de las Cajas. Se trata, en definitiva, de evitar la actual politización en los nombramientos de presidentes y consejeros y su lógica influencia en la gestión de las Cajas. Privatizando, se pueden eliminar estas distorsiones y que los nuevos gestores se atengan a criterios estrictamente económicos, se genere mayor competitividad en base a criterios de mérito y capacidad dando lugar así a una estructura financiera más sólida y eficiente.
La privatización permitiría la gestión propia y autónoma de la entidad resultante, con sus propios órganos de gobierno, de gestión y de administración, sin necesaria interferencia del Poder Público o “Poder Político”, e implicaría que las cuotas participativas en las que se dividen las Cajas y que sólo conllevan derechos económicos como la percepción del dividendo pero sin derecho de voto, pasen a convertirse en acciones negociables con sus correspondientes derechos políticos, es decir, derecho de voto, derecho de participación en las Asambleas, derecho de propiedad sobre la parte alícuota correspondiente, etc.
En su caso, una fusión es un pacto entre empresas por el que se integran para conseguir una mejora de sus estructuras productivas y organizativas , se siguen rigiendo por la misma regulación, se mantienen los consejos, se mantienen las marcas o se establece una común, pero se fusionan los recursos propios y la gestión del riesgo. Todo ello conlleva una reestructuración más compleja y una ardua gestión, ya no solo de los intereses propios de las partes si no de la búsqueda del equilibrio necesario en el que se asiente la viabilidad y la rentabilidad de la futura entidad.
Lo que si deja claro la actual Ley de Cajas es que un Banco no puede absorber una Caja ni fusionarse con ella. Ello nos hace replantearnos la situación vivida hace poco entre Cajastur y Caja Castilla la Mancha, en donde una filial de la primera, el Banco Liberta, con naturaleza jurídica de banco, se hizo con la participación mayoritaria de la segunda. Esto hace que muchos expertos lo entiendan como una privatización encubierta o incluso como un fraude de Ley, ya que ello permitiría que en cualquier momento un Banco pueda hacerse con el Banco Liberta y con ello controlar la parte de la Caja manchega.
En definitiva, quiero pensar que si las Cajas de Ahorros fueran de propiedad privada, se reducirían las distorsiones económicas provocadas por las interferencias políticas en la gestión de las Cajas. Se trata, en definitiva, de evitar la actual politización en los nombramientos de presidentes y consejeros y su lógica influencia en la gestión de las Cajas. Privatizando, se pueden eliminar estas distorsiones y que los nuevos gestores se atengan a criterios estrictamente económicos, se genere mayor competitividad en base a criterios de mérito y capacidad dando lugar así a una estructura financiera más sólida y eficiente.
J. Ramón Cundis
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