El duelo suele dividirse en cinco etapas: negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Entendiendo que se han irremediablemente superado las dos primeras, las Cajas De Ahorros españolas siguen irremediablemente el proceso y parece que toca lo siguiente. La crisis actual obliga a poner en práctica al menos algún término de todo lo que ha surgido en cada uno de los debates siempre teóricos sobre las alternativas de cambio para este tipo de entidades. Siguiendo la evolución de la problemática de las cajas, sea por declaraciones oficiales o bien por la vía oficiosa, sin excepción alguna, cada una de ellas lleva su particular via crucis con ritmo acelerado conforme se acerca el esperado treinta de junio.
El recurrente debate sobre la privatización ya no sorprende y menos aún escandaliza a nadie. ¿ Cuantas veces se ha planteado ya?.De hecho cualquier reforma fue descartada en abril de 2009 por los Portavoces de Economía de PP y de CIU. Dado que en este caso ya no se puede aparcar por más tiempo la toma de decisiones, cabe ahora esperar que sean las más estas las más acertadas.
Ya en mi anterior artículo sobre el tema hacía alusión a la ambigüedad de la condición jurídica de las Cajas de Ahorros. Prueba de ello es el hecho de que estemos hablando de privatización cuando no tienen consideración de entes públicos. Muchas voces apuntan como medio de devolución de los posibles pseudo rescates estatales recibidos. Desde un enfoque simplista sería, si el Gobierno va a dar capital debería recibir lo que por norma aquello da derecho a obtener: parte de la propriedad. Es decir, socializar beneficios y no sólo pérdidas.
El destino de los fondos que supuestamente se obtendría con la venta de estas participaciones debe ser inexcusablemente el de reducir la abultada cifra de la deuda pública y , dados a especular, los posteriores ingresos se computaría como mayores ingresos fiscales.
El habitualmente utilizado argumento a favor de este cambio de estructura se fundamenta en acabar con las distorsiones económicas derivadas de las interferencias políticas en la gestión de las cajas. Evitar la actual o al menos aparente politización. Se trataría de terminar con el factor clientelismo o cálculos de oportunidad partidista que practican alguna de ellas y que podrían explicar ciertos criterios arriesgados en concesión de créditos , aún peligrando su devolución. En contra de esto último cabría alegar que la convivencia de la pluralidad de corrientes de cada uno de los participantes en su gobierno lograría un equilibrio a favor del interés general.
En esta línea, un reproche derivado de esta lógica influencia en su administración es el de no guiarse a criterios rigurosamente económicos. Cabe, no obstante, decir en su favor que las Cajas configuran un más que considerable porcentaje del teijdo financiero nacional. Su crecientes índices de morosidad sumados a los reducidos ratios de solvencia están en su mayoría ligados a su vinculación con el sector inmobiliario. Dado la coincidencia en el concepto con los fundamentos de la crisis financiera mundial, pueden excusarse en que nada tiene que ver con su configuración como entidad.
Contando hasta el momento con tan sólo la percepción de dividendos, la antesala de la privatización pasaría por dotar de derechos políticos a las cuotas participativas. El precedente en Inglaterra supuso su compra por los Directivos mediante préstamos de la propia entidad. Al estilo stock-option. Ahora bien, ¿puede ser esto compatible con la Obra Social?.
Cathy Martínez
El recurrente debate sobre la privatización ya no sorprende y menos aún escandaliza a nadie. ¿ Cuantas veces se ha planteado ya?.De hecho cualquier reforma fue descartada en abril de 2009 por los Portavoces de Economía de PP y de CIU. Dado que en este caso ya no se puede aparcar por más tiempo la toma de decisiones, cabe ahora esperar que sean las más estas las más acertadas.
Ya en mi anterior artículo sobre el tema hacía alusión a la ambigüedad de la condición jurídica de las Cajas de Ahorros. Prueba de ello es el hecho de que estemos hablando de privatización cuando no tienen consideración de entes públicos. Muchas voces apuntan como medio de devolución de los posibles pseudo rescates estatales recibidos. Desde un enfoque simplista sería, si el Gobierno va a dar capital debería recibir lo que por norma aquello da derecho a obtener: parte de la propriedad. Es decir, socializar beneficios y no sólo pérdidas.
El destino de los fondos que supuestamente se obtendría con la venta de estas participaciones debe ser inexcusablemente el de reducir la abultada cifra de la deuda pública y , dados a especular, los posteriores ingresos se computaría como mayores ingresos fiscales.
El habitualmente utilizado argumento a favor de este cambio de estructura se fundamenta en acabar con las distorsiones económicas derivadas de las interferencias políticas en la gestión de las cajas. Evitar la actual o al menos aparente politización. Se trataría de terminar con el factor clientelismo o cálculos de oportunidad partidista que practican alguna de ellas y que podrían explicar ciertos criterios arriesgados en concesión de créditos , aún peligrando su devolución. En contra de esto último cabría alegar que la convivencia de la pluralidad de corrientes de cada uno de los participantes en su gobierno lograría un equilibrio a favor del interés general.
En esta línea, un reproche derivado de esta lógica influencia en su administración es el de no guiarse a criterios rigurosamente económicos. Cabe, no obstante, decir en su favor que las Cajas configuran un más que considerable porcentaje del teijdo financiero nacional. Su crecientes índices de morosidad sumados a los reducidos ratios de solvencia están en su mayoría ligados a su vinculación con el sector inmobiliario. Dado la coincidencia en el concepto con los fundamentos de la crisis financiera mundial, pueden excusarse en que nada tiene que ver con su configuración como entidad.
Contando hasta el momento con tan sólo la percepción de dividendos, la antesala de la privatización pasaría por dotar de derechos políticos a las cuotas participativas. El precedente en Inglaterra supuso su compra por los Directivos mediante préstamos de la propia entidad. Al estilo stock-option. Ahora bien, ¿puede ser esto compatible con la Obra Social?.
Cathy Martínez
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