Uso de las reservas del Banco Central del Uruguay para construcción de infraestructura – consideraciones al respecto

Recientemente se ha instalado una suerte de “polémica” alrededor de la idea del Presidente de utilizar las reservas del Banco Central del Uruguay para la construcción de infraestructura (específicamente mencionó las escuelas de tiempo completo y las mejoras en la infraestructura ferroviaria).
Esta idea, con las repercusiones que ha tenido a nivel mediático y político, merece algunas consideraciones.
En primer lugar, analizar qué se entiende por reservas y si es legalmente posible utilizarlas. Una parte de las reservas le corresponde al gobierno central, las llamadas reservas de libre disponibilidad, que a fines de marzo de 2010 ascendían a unos 3.600 millones de dólares. Estas reservas podrían utilizarse sin mayores obstáculos legales (situación por cierto diametralmente opuesta al caso argentino que culminara en la batalla legal entre gobierno y banco central). Otra parte la constituyen los encajes que el sistema financiero obligatoriamente debe depositar en el BCU y el resto lo constituyen las reservas que tienen su contrapartida en la deuda pública emitida por el propio BCU.
Se puede argumentar que las reservas de libre disponibilidad son innecesariamente altas para la situación actual del país, en el cual la economía ha resistido con relativo éxito a los embates de la reciente crisis mundial y ha continuado creciendo, si bien a tasas modestas pero sin duda altas con respecto a otros países, incluso desarrollados, que han entrado en recesión. Ahora bien, hay que tener presente que gran parte de esas reservas han sido adquiridas por el BCU para incidir en el valor del dólar y tratar de colaborar en lo posible con la competitividad de la producción nacional a través de una flotación sucia. No sería sensato minimizar el efecto a la baja sobre el tipo de cambio que podría tener la liberación de esas reservas y los efectos adversos que ello podría tener en la balanza de pagos del país.
Otro punto interesante radica en el destino que tendrían esas reservas. Cuando se habla de inversiones en infraestructura (las citadas por el Presidente o cualquier otra que se desee) sin duda si bien el “retorno social” sería alto, sobre todo en el caso de las escuelas, el retorno en términos financieros sería indudablemente a más largo plazo. Piénsese por ejemplo, en la contribución al PBI del país de los niños y jóvenes educados en dichas escuelas, que tomaría años en producirse y “repagar” la inversión efectuada. De alguna manera, estamos cambiando un activo líquido (efectivo) por un activo de realización a largo plazo. ¿Es esto conveniente?
Finalmente cabe preguntarse: ¿es ésta la única alternativa? La respuesta es claramente no, el país tiene acceso a los mercados internacionales de crédito a tasas razonables debido a la seriedad con que se ha manejado la política macroeconómica independientemente de la orientación del gobierno de turno (algo similar a lo sucedido en Brasil con Fernando Henrique Cardoso y Lula). Por lo tanto, parecería lo más razonable recurrir a los mercados multilaterales de crédito, y utilizar financiamiento de largo plazo para este tipo de inversiones con un período de repago en términos financieros extremadamente largo.
Como conclusión cabe acotar: ¿el fin es loable? Sin duda que sí. ¿El instrumento es el idóneo? A nuestro entender no, hay alternativas más convenientes desde todo punto de vista.
Pablo Salaburu