La Bolsa de Valores de Montevideo funciona desde mediados del siglo XIX. En 1945, cotizaban en bolsa 45 empresas. Desde 1993 funciona la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (BEVSA), creada por las instituciones bancarias, en las que operan cerca de 20 entidades.
La Bolsa de Valores de Montevideo opera por dos millones de dólares diarios, BEVSA tiene una operativa de 20 millones de dólares diarios. El 98 % de los valores que se cotizan son públicos. Comparado con los mercados bursátiles extranjeros el mercado de valores en Uruguay es casi inexistente.
La existencia y desarrollo de un mercado de valores puede beneficiar al empresario en la obtención de nuevo financiamiento, al ahorrista en la obtención de mayores beneficios por las tasas de interés que si colocara esos ahorros en el banco, la economía nacional se vería beneficiada por la mayor fluidez financiera , la atracción de inversores y retención de recursos dentro del país.
El proyecto de ley incorpora exoneraciones y reducciones de tasas en materia de Impuesto a la Renta, IVA e Impuesto al Patrimonio.
Con esta nueva norma se pretende obtener una mayor transparencia y eficiencia del mercado de valores, así como brindar mayor protección a los inversores, dotándolo de un mayor dinamismo y un mejor marco regulatorio. Se busca promover el desarrollo del mercado de valores local y mejorar el control sobre todos los participantes del mercado (emisores, bolsas, intermediarios, etc.) incluyéndose beneficios a nivel fiscal.
A los efectos de la ley se entiende por valores, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento, que cumplan con los requisitos que establezcan las normas vigentes. Incluyéndose las acciones, obligaciones negociables, mercado de futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y, en general, todo derecho de crédito o inversión.
Otro punto interesante de esta ley es que establece que las relaciones de los inversores con los intermediarios, bolsas de valores, instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y las entidades registrantes son entendidas como relaciones de consumo y por ende se rigen por la ley 17.250 (Ley de Defensa del Consumidor).
Se entendió que una de las causas de la paralización del mercado de valores había sido la escasa intervención estatal en el mismo, por lo que la normativa ahora vigente abandona el criterio de autorregulación de los mercados incrementando la participación estatal, con el objetivo de lograr una mayor competitividad y dinamismo. En esto juegan un papel importante la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay y la Comisión de Promoción del Mercado de Valores.
La Superintendencia de Servicios Financieros será la encargada de dictar normas aplicables a los mercados de valores y a las personas físicas o jurídicas que en ellos intervengan, tendientes entre otras cosas a fomentar y preservar la competitividad y transparencia del mercado de valores. Entre sus atribuciones se encuentran además las de llevar el registro de entidades y valores autorizados para oferta pública, requerir información así como la exhibición de registros y documentos, aprobar la creación de instituciones privadas que constituyan nuevos mercados de negociación de valores de oferta pública, aplicar sanciones, entre otras.
La Comisión de Promoción del Mercado de Valores, es un órgano colegiado integrado por representantes del Poder Ejecutivo, la Bolsa de Valores, y demás instituciones existentes que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública, de los emisores de oferta pública y de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional
El cometido de esta Comisión es el fomento y desarrollo del mercado mediante el asesoramiento al Poder Ejecutivo en la materia, la promoción y realización de estudios e investigaciones sobre el mercado, y el de promover y proponer políticas y acciones públicas dentro de su competencia.
En suma, la nueva ley de mercado de valores con el objetivo de incentivar el mercado local, pretende dar un más adecuado marco regulatorio a la actividad, dotándola de mayor transparencia, confiabilidad y seguridad para los actores que intervienen en la misma, a través de un aumento del control por parte del estado y del otorgamiento de importantes beneficios tributarios.
La Bolsa de Valores de Montevideo opera por dos millones de dólares diarios, BEVSA tiene una operativa de 20 millones de dólares diarios. El 98 % de los valores que se cotizan son públicos. Comparado con los mercados bursátiles extranjeros el mercado de valores en Uruguay es casi inexistente.
La existencia y desarrollo de un mercado de valores puede beneficiar al empresario en la obtención de nuevo financiamiento, al ahorrista en la obtención de mayores beneficios por las tasas de interés que si colocara esos ahorros en el banco, la economía nacional se vería beneficiada por la mayor fluidez financiera , la atracción de inversores y retención de recursos dentro del país.
El proyecto de ley incorpora exoneraciones y reducciones de tasas en materia de Impuesto a la Renta, IVA e Impuesto al Patrimonio.
Con esta nueva norma se pretende obtener una mayor transparencia y eficiencia del mercado de valores, así como brindar mayor protección a los inversores, dotándolo de un mayor dinamismo y un mejor marco regulatorio. Se busca promover el desarrollo del mercado de valores local y mejorar el control sobre todos los participantes del mercado (emisores, bolsas, intermediarios, etc.) incluyéndose beneficios a nivel fiscal.
A los efectos de la ley se entiende por valores, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento, que cumplan con los requisitos que establezcan las normas vigentes. Incluyéndose las acciones, obligaciones negociables, mercado de futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y, en general, todo derecho de crédito o inversión.
Otro punto interesante de esta ley es que establece que las relaciones de los inversores con los intermediarios, bolsas de valores, instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y las entidades registrantes son entendidas como relaciones de consumo y por ende se rigen por la ley 17.250 (Ley de Defensa del Consumidor).
Se entendió que una de las causas de la paralización del mercado de valores había sido la escasa intervención estatal en el mismo, por lo que la normativa ahora vigente abandona el criterio de autorregulación de los mercados incrementando la participación estatal, con el objetivo de lograr una mayor competitividad y dinamismo. En esto juegan un papel importante la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay y la Comisión de Promoción del Mercado de Valores.
La Superintendencia de Servicios Financieros será la encargada de dictar normas aplicables a los mercados de valores y a las personas físicas o jurídicas que en ellos intervengan, tendientes entre otras cosas a fomentar y preservar la competitividad y transparencia del mercado de valores. Entre sus atribuciones se encuentran además las de llevar el registro de entidades y valores autorizados para oferta pública, requerir información así como la exhibición de registros y documentos, aprobar la creación de instituciones privadas que constituyan nuevos mercados de negociación de valores de oferta pública, aplicar sanciones, entre otras.
La Comisión de Promoción del Mercado de Valores, es un órgano colegiado integrado por representantes del Poder Ejecutivo, la Bolsa de Valores, y demás instituciones existentes que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública, de los emisores de oferta pública y de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional
El cometido de esta Comisión es el fomento y desarrollo del mercado mediante el asesoramiento al Poder Ejecutivo en la materia, la promoción y realización de estudios e investigaciones sobre el mercado, y el de promover y proponer políticas y acciones públicas dentro de su competencia.
En suma, la nueva ley de mercado de valores con el objetivo de incentivar el mercado local, pretende dar un más adecuado marco regulatorio a la actividad, dotándola de mayor transparencia, confiabilidad y seguridad para los actores que intervienen en la misma, a través de un aumento del control por parte del estado y del otorgamiento de importantes beneficios tributarios.
Cra. Patricia Alvarez
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