Las reservas y la autonomía del BCU

En Uruguay, el resultado fiscal del gobierno es negativo y de no ser por renovaciones de vencimientos de deuda y por su incremento no sería posible amortizar ni los intereses ni la deuda que va venciendo.

En este contexto se planteó utilizar las reservas internacionales del Banco Central del Uruguay (BCU) para financiar una parte del gasto público. Más concretamente, el presidente de la República se refirió a darle un uso productivo utilizándolas para construir escuelas de tiempo completo y a rehabilitar el sistema ferroviario entre otros fines.

Este planteo generó el análisis y debate de expertos, los partidos políticos de la oposición, representantes del gobierno y la opinión pública en general. En lo que casi todo el mundo está de acuerdo es que se trata de un tema complejo que tiene varias aristas a considerar. Entre los puntos a analizar se encuentran: el nivel de las reservas disponibles, qué porción de ellas es excedentaria, si es legal que el gobierno haga uso de ellas y si la utilización más eficiente sería invertirlas en infraestructura.

Las reservas con las que cuenta el BCU actualmente están en el entorno de los 8.000 millones de dólares, pero si se depuran de los encajes de los bancos y otros ajustes los activos de reserva de libre disponibilidad serían unos 3.800 millones de dólares. Se debe tener en cuenta que estos activos de reserva son el resultado de la acumulación de divisas para sustentar la estabilidad financiera post-crisis de 2002 y, más recientemente, para sostener el tipo de cambio frente al dólar. Ya que nunca hubo un superávit fiscal genuino, estas compras de dólares se financiaron fundamentalmente, mediante emisiones de Letras de Regulación Monetaria en pesos o unidades indexadas. El costo financiero y fiscal para el Estado es muy grande por la diferencia entre las elevadas tasas de interés que se paga por las letras y el mínimo retorno que se obtiene por la inversión de los activos.

Para determinar la porción excedentaria de los activos de reserva hay que analizar cuál debería ser su nivel óptimo. Según estudios realizados este nivel a mantener depende de que puedan cumplir con: cubrir una corrida bancaria, una corrida contra la deuda y una corrida cambiaria. La autoridad monetaria está inmersa en un relevamiento técnico sobre este tema que es muy difícil y que requiere un análisis detallado de los activos y pasivos teniendo en cuenta la coyuntura actual pero también con una visión a futuro porque lo que puede parecer suficiente hoy quizá no lo sea mañana.

En la hipótesis de que ese estudio revelara que hay excedente en las reservas habría que establecer un menú de posibles usos y financiamientos, donde la utilización para infraestructura fuera una de esas posibilidades.

En cuanto a la legalidad de que el gobierno central haga uso de las reservas existen algunas restricciones. La Carta Orgánica del BCU, reformulada en 2008, establece como tope a posibles préstamos al Poder Ejecutivo el 10% del presupuesto de gastos e inversiones del año anterior, importe que estaría en el entorno de los 600 millones de dólares por año. Adicionalmente una porción de las reservas (aproximadamente unos 1.500 millones de dólares) son propiedad del sector público y el Poder Ejecutivo podría hacer uso de ellas sin necesidad de ninguna venia ni permiso. De hecho en 2006 se utilizó una parte de las mismas para cancelar deuda uruguaya con el FMI.

Un tema que está detrás de toda esta discusión es el de la autonomía del BCU. En teoría, la autonomía de los bancos centrales es el mecanismo de protección frente a decisiones políticas de corto plazo que pueden comprometer la estabilidad de la economía. Los bancos centrales deberían mantenerse alejados de intereses políticos coyunturales resguardando esa estabilidad. En el caso uruguayo luego de la reforma de la Carta Orgánica ya mencionada, el Banco tiene autonomía limitada y sus lineamientos no se apartan de las políticas que aplica el gobierno. La coordinación macroeconómica se hace a través de un comité integrado por miembros del BCU y del Ministerio de Economía y en el caso de haber discrepancias entre los miembros el que define es el Poder Ejecutivo. Si el gobierno quisiera hacer uso de las reservas no tendría impedimentos.

En resumen, parece ser que la opinión mayoritaria (incluso la del equipo económico del gobierno) es que si sobraran reservas deberían aplicarse a cancelar deuda pública para bajar los costos financieros del Estado y no a financiar gastos, siempre teniendo en cuenta el mantener una posición sólida para cubrir posibles contingencias. Las alternativas para financiar proyectos de infraestructura serían recurrir a la inversión privada o a préstamos internacionales a través de algún organismo multilateral.

Rodrigo Vázquez