Constantemente se plantea la cuestión: ¿Qué ocurrirá en un futuro con las pensiones en España? Es un problema que preocupa porque las estimaciones apuntan a que el sistema público podrá mantener su superávit y acumular un fondo de reservas hasta el 2015 y que, a partir de ahí posiblemente comience a ser deficitario, hasta que en torno al año 2020 se agote el fondo. El resultado será que la Seguridad Social tenga que recibir dinero del Estado y deje de ser autónoma económicamente.
¿Cuál es la causa desencadenante de esta situación? El principal argumento utilizado es la demografía. La baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida han dado lugar a un aumento de la población con derecho a la prestación de jubilación frente a una disminución de los que deben correr con los gastos de los jubilados.
La incorporación de los trabajadores inmigrantes y de la mujer al mercado laboral, incrementó la afiliación a la Seguridad Social y, supuso un respiro y un cierto margen para hacer reformas.
¿Qué tipo de reformas se plantean? Entre esas medidas está la ampliación de la vida laboral y la disminución del importe de las pensiones. Se pretende que la edad legal de jubilación (65 años) se aproxime a la edad real, ya que en la actualidad la media está en los 62,5 años.
También desde el Estado se ha estado incentivando el aumento de las pensiones privadas. Productos de ahorro a largo plazo que dependen de las rentabilidades finales que hayan generado, pues estos beneficios condicionarán la cuantía de las futuras pensiones.
Las dificultades con que se encuentra un sistema de pensiones privado son el escaso margen de ahorro y unos bajos salarios, por lo que constituye un sistema privilegiado no al alcance de todas las rentas. Todo esto hay que unirlo a la situación actual que atraviesan los mercados financieros que está provocando unos bajos rendimientos de los activos y, por tanto, una pérdida del poder adquisitivo real, ya que se encuentran por debajo de la inflación.
¿Cuál es la causa desencadenante de esta situación? El principal argumento utilizado es la demografía. La baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida han dado lugar a un aumento de la población con derecho a la prestación de jubilación frente a una disminución de los que deben correr con los gastos de los jubilados.
La incorporación de los trabajadores inmigrantes y de la mujer al mercado laboral, incrementó la afiliación a la Seguridad Social y, supuso un respiro y un cierto margen para hacer reformas.
¿Qué tipo de reformas se plantean? Entre esas medidas está la ampliación de la vida laboral y la disminución del importe de las pensiones. Se pretende que la edad legal de jubilación (65 años) se aproxime a la edad real, ya que en la actualidad la media está en los 62,5 años.
También desde el Estado se ha estado incentivando el aumento de las pensiones privadas. Productos de ahorro a largo plazo que dependen de las rentabilidades finales que hayan generado, pues estos beneficios condicionarán la cuantía de las futuras pensiones.
Las dificultades con que se encuentra un sistema de pensiones privado son el escaso margen de ahorro y unos bajos salarios, por lo que constituye un sistema privilegiado no al alcance de todas las rentas. Todo esto hay que unirlo a la situación actual que atraviesan los mercados financieros que está provocando unos bajos rendimientos de los activos y, por tanto, una pérdida del poder adquisitivo real, ya que se encuentran por debajo de la inflación.
Se nos plantea una cuestión. ¿Es razonable buscar en el mercado la solución para asegurar el bienestar que el Estado no proporciona o lo hace de manera insuficiente?
Lo lógico sería acudir al mercado buscando beneficios y no, para asegurarse el bienestar o el reparto equitativo de la riqueza. Por tanto, la solución no debe estar en el mercado, transfiriendo el Estado la responsabilidad a éste.
NURIA ÁLVAREZ GONZÁLEZ
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