El sistema contributivo de pensiones español podría mostrar su primer déficit en el quinquenio comprendido entre 2011 y 2015. No obstante, el Fondo de Reserva permitiría cubrir dicho déficit entre siete y diez años, por lo que lo postergaríamos hacia el año 2018 ó 2025. Pero el problema sigue estando ahí. Requeriría, a partir de ese momento, financiación por parte del Estado.
La amenaza para el sistema de pensiones es consecuencia de varios factores. Entre ellos se encuentran la baja natalidad existente en nuestro país y el incremento de la llegada a España de inmigrantes en una edad próxima al disfrute de las pensiones, pues no sólo vienen extranjeros jóvenes en edad de trabajar.
Unido a la baja natalidad es importante recordar el elevado envejecimiento de la población española. Así, en 2050 España podría convertirse en uno de los países más envejecidos del mundo, con 14,5 millones de personas de 65 o más años. De ese modo, las pensiones de este 34% de la población se deberán pagar con los impuestos de los trabajadores en activo, que gradualmente se convertirán en el mismo número que los pensionistas. Podría haber un jubilado por cada trabajador en activo. Algo inviable.
Por ello, se necesita reformar el modelo existente que regula las jubilaciones de casi 20 millones de trabajadores, pues nos encontraremos con un problema de sostenibilidad y necesitamos que se garantice la viabilidad del sistema a medio y largo plazo.
Entre las medidas propuestas se encuentra la de ampliar a toda la vida laboral el cálculo de las pensiones, que ahora es de 15 años. Así, el primer año en el que tendríamos déficit se retrasaría cuatro años. Sin embargo, no resolvería el problema de equidad de manera correcta, pues sólo tendría efecto en los nuevos jubilados.
Otra sería la de concienciar al ciudadano, pues es el paso previo para realizar una reforma en la jubilación y en las pensiones. Para ello, se elaboraría una Oficina Presupuestaria del Congreso, como la que existe en Estados Unidos, que sería independiente del poder ejecutivo, teniendo en cuenta el carácter impopular que tiene alguna de las medidas.
La ampliación de la vida laboral sería otra medida a tener en cuenta. Así, se retrasaría la edad de jubilación a los 70 años, actualmente en los 65. En países como Alemania ya se está debatiendo actualmente esta medida. Con ello, se retrasaría el primer déficit 17 años.
Sin embargo, con estas medidas puede que sólo se consiga postergar el problema unos años. Además, el nuevo cálculo de la pensión rebajará las prestaciones y generará pobreza. Porque además la cuestión no sólo es si habrá pensiones en el futuro, sino que cuánto cobrarán, puesto que no se sabe qué equivalente será del salario.
Por su parte, la OCDE ha hecho dos recomendaciones para paliar esta situación, que son dos de las ya expuestas: aumentar la edad de jubilación mínima para retrasar la edad de jubilación y extender a toda la vida laboral el cálculo de la pensión. Pero aún no han encontrado seguidores en nuestro país. Por ello, los técnicos advierten de que si se ignoran estas recomendaciones, sólo existen tres finales: subir las cotizaciones a los trabajadores o a las empresas, elevar los impuestos o reducir las cantidades de las pensiones.
Si no se sigue ninguna de estas medidas y el mal va a peor, es hora de cuestionarse los planes privados de pensiones. Es una de las soluciones para poder percibir una pensión más digna. Cada vez existen más países que cuentan con un sistema de protección donde la cobertura privada juega un papel importante. Sin embargo, no todo el mundo puede optar por esta solución, ya que ni siquiera el 50% de la población puede asumir un plan privado, debido a su coste económico, por lo que o se reforma el sistema de pensiones público de una manera eficaz o estamos condenados a una jubilación de miseria.
La amenaza para el sistema de pensiones es consecuencia de varios factores. Entre ellos se encuentran la baja natalidad existente en nuestro país y el incremento de la llegada a España de inmigrantes en una edad próxima al disfrute de las pensiones, pues no sólo vienen extranjeros jóvenes en edad de trabajar.
Unido a la baja natalidad es importante recordar el elevado envejecimiento de la población española. Así, en 2050 España podría convertirse en uno de los países más envejecidos del mundo, con 14,5 millones de personas de 65 o más años. De ese modo, las pensiones de este 34% de la población se deberán pagar con los impuestos de los trabajadores en activo, que gradualmente se convertirán en el mismo número que los pensionistas. Podría haber un jubilado por cada trabajador en activo. Algo inviable.
Por ello, se necesita reformar el modelo existente que regula las jubilaciones de casi 20 millones de trabajadores, pues nos encontraremos con un problema de sostenibilidad y necesitamos que se garantice la viabilidad del sistema a medio y largo plazo.
Entre las medidas propuestas se encuentra la de ampliar a toda la vida laboral el cálculo de las pensiones, que ahora es de 15 años. Así, el primer año en el que tendríamos déficit se retrasaría cuatro años. Sin embargo, no resolvería el problema de equidad de manera correcta, pues sólo tendría efecto en los nuevos jubilados.
Otra sería la de concienciar al ciudadano, pues es el paso previo para realizar una reforma en la jubilación y en las pensiones. Para ello, se elaboraría una Oficina Presupuestaria del Congreso, como la que existe en Estados Unidos, que sería independiente del poder ejecutivo, teniendo en cuenta el carácter impopular que tiene alguna de las medidas.
La ampliación de la vida laboral sería otra medida a tener en cuenta. Así, se retrasaría la edad de jubilación a los 70 años, actualmente en los 65. En países como Alemania ya se está debatiendo actualmente esta medida. Con ello, se retrasaría el primer déficit 17 años.
Sin embargo, con estas medidas puede que sólo se consiga postergar el problema unos años. Además, el nuevo cálculo de la pensión rebajará las prestaciones y generará pobreza. Porque además la cuestión no sólo es si habrá pensiones en el futuro, sino que cuánto cobrarán, puesto que no se sabe qué equivalente será del salario.
Por su parte, la OCDE ha hecho dos recomendaciones para paliar esta situación, que son dos de las ya expuestas: aumentar la edad de jubilación mínima para retrasar la edad de jubilación y extender a toda la vida laboral el cálculo de la pensión. Pero aún no han encontrado seguidores en nuestro país. Por ello, los técnicos advierten de que si se ignoran estas recomendaciones, sólo existen tres finales: subir las cotizaciones a los trabajadores o a las empresas, elevar los impuestos o reducir las cantidades de las pensiones.
Si no se sigue ninguna de estas medidas y el mal va a peor, es hora de cuestionarse los planes privados de pensiones. Es una de las soluciones para poder percibir una pensión más digna. Cada vez existen más países que cuentan con un sistema de protección donde la cobertura privada juega un papel importante. Sin embargo, no todo el mundo puede optar por esta solución, ya que ni siquiera el 50% de la población puede asumir un plan privado, debido a su coste económico, por lo que o se reforma el sistema de pensiones público de una manera eficaz o estamos condenados a una jubilación de miseria.
LETICIA VÁZQUEZ
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