Durante los últimos meses, estamos siendo testigos del inevitable proceso de reestructuración del sector financiero español, manifestado esencialmente en una frenética carrera de fusiones y alianzas que involucra a la práctica totalidad de las cajas de ahorros del país.
Una vez más, la necesidad de tomar decisiones de gran trascendencia en momentos clave, ha demostrado la incapacidad de Galicia para conseguir que todos los estamentos implicados (poderes públicos, capital privado, sindicatos…) alcancen un compromiso común que derive en la construcción de un proyecto ambicioso y de futuro para nuestra comunidad. Mientras en Cataluña, Castilla y León o Andalucía ya se han puesto en marcha procesos de fusión intrarregionales (a pesar del presumible coste en forma de cierre de sucursales y prejubilaciones que a buen seguro implicará) nuestros dirigentes todavía no han alcanzado una decisión final sobre la conveniencia de construir una gran caja global que pueda actuar como soporte para la viabilidad y el desarrollo económico de Galicia.
El principal argumento que se ha utilizado para oponerse a la fusión de Caixa Galicia y Caixanova califica la operación como excesivamente costosa y poco viable. Los estudios realizados en relación a una potencial alianza estiman que serían necesarios unos 1.100 millones de euros aproximadamente en concepto de ayudas públicas. Esta cantidad tendría que solicitarse a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), y constituiría una financiación similar a la solicitada por las cajas catalanas (Catalunya, Manresa y Tarragona) y ligeramente superior a la requerida por las cajas castellanas (Caja España y Caja Duero). Según distintos análisis, esta prestación pública sería suficiente para afrontar unas mil prejubilaciones y el cierre de unas doscientas oficinas, por lo que el citado problema de viabilidad podría solventarse en su mayor parte mediante este procedimiento.
Desde la Xunta de Galicia se enuncian como premisas de obligado cumplimiento tanto el mantenimiento de la galleguidad de ambas instituciones como la permanencia de los centros de decisión en Galicia. Resulta obvio que cualquier proceso de fusión con entidades de fuera de la comunidad estaría abocado a una absorción total de nuestras cajas a medio plazo, por lo que esa eficiencia a corto plazo que se persigue, implicaría que en el futuro, el daño para el tejido económico, industrial y social gallego sería irreversible. No debemos olvidar que el papel de las cajas de ahorros va más allá del mero ámbito económico, ya que sus beneficios deben repercutir en la promoción del empleo, el fomento de la cultura y el apoyo a los sectores productivos regionales. Y es precisamente esa excepcionalidad, la que debe hacer recordar a sus directivos cuáles fueron las motivaciones que provocaron el nacimiento de este modelo de entidades y quiénes son realmente sus propietarios.
Por todo ello, creo que el coste de la “no fusión” en el caso de que las dos cajas siguieran sus caminos por separado, sería realmente ruinoso para Galicia y debería ser considerado como un acto de irresponsabilidad, no sólo a nivel económico sino también a nivel social. Parecería incomprensible que después de asistir a las oportunidades perdidas en relación al sector energético (en especial el fracaso de Fenosa), el hundimiento del sector lácteo o las dificultades de los sectores ganadero y pesquero, el conjunto de la sociedad gallega, con sus representantes políticos a la cabeza, permitiera el desmembramiento de nuestro sector financiero por causa de ambiciones e intereses privados.
Rubén Río García
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