El secreto bancario existe como tal desde el año 1982, cuando se incluyó en un decreto de normas sobre el sistema financiero y luego convertido en decreto-ley en el año 1985.
En esa norma se establece que los bancos "no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada".
No obstante lo anterior, el secreto bancario se practicaba desde mucho antes probablemente como cualquier otro tipo de secreto profesional y se mantenía como un “pacto de honor” entre el cliente y el banco. La única posibilidad de levantarlo era “por resolución expresa del interesado o por resolución fundada de la Justicia penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria”.
Pero a lo largo del tiempo se han ido introduciendo algunas flexibilizaciones.
Año 1986: se autorizó a la Inspección General del Trabajo a poder trabar embargo en las cuentas bancarias de las empresas para hacer efectivo el cobro de multas "sin otra identificación" que el nombre completo o la razón social de la firma.
Año 1991: se extendió esa facultad al Banco de Previsión Social y se incluyó que el secreto bancario "no alcanza a la información obtenida por las empresas que administren créditos interviniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios realizados por terceros".
Año 1998: en la ley 17.016 sobre estupefacientes y lavado de activos donde se establece: “los bancos deberán ajustarse a las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo con la finalidad de prevenir la conversión, transferencia u ocultación de bienes, productos o instrumentos" procedentes del narcotráfico.
Año 2006 (enero): en la ley 17.948 se afirma: “el secreto bancario ampara exclusivamente las operaciones bancarias pasivas", es decir los depósitos
Año 2006 (diciembre): en la ley 18.083 de reforma tributaria se le dio la potestad a la Dirección General Impositiva (DGI) de pedir ante la Justicia penal el levantamiento del secreto en casos de presunción de evasión.
En la actualidad existe una voluntad mundial de levantar el secreto bancario, que se refleja en organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que lo ven como una herramienta vinculada a la evasión de impuestos y al desarrollo de un “mercado negro” mundial financiado con el terrorismo y el narcotráfico.
En abril de 2009 la OCDE coloca a Uruguay en la lista de países que no respetan los estándares internacionales de intercambio de información financiera. En ese mismo mes el Gobierno, a través del entonces ministro de economía Álvaro García envía una carta al Secretario General de la Organización informando su decisión de adoptar "oficialmente" los estándares de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información fiscal.
Desde entonces se ha iniciado un nuevo proceso de flexibilización de la ley con el objetivo de crear una plataforma financiera sólida que atraiga a nuevos inversores. Esta vez se posibilita a la DGI a solicitar en los casos que crea conveniente el levantamiento del secreto bancario con el fin de fiscalizar y con razones fundadas (como se mencionó anteriormente hoy la DGI puede pedirlo sólo en casos de presunción de evasión). De este modo se busca también evitar la doble imposición a nivel internacional y el lavado de dinero.
Esto ha introducido una gran cantidad de discusiones a nivel nacional ya que esta herramienta ha sido a lo largo de todos estos años un elemento beneficioso para nuestro país y algunos actores temen que este tipo de medidas “ahuyente” a ahorristas actuales que en muchos casos son extranjeros.
Si bien hay casos parecidos al uruguayo a nivel de Latino América como es el caso chileno, no podemos establecer a ciencia cierta qué sucederá con los mismos. Lo cierto es que a nivel mundial se está rechazando cada vez más la herramienta del secreto bancario y si nuestro país quiere ofrecer garantías internacionales que le otorguen solidez a su economía debería pensar en modificarlo.
Gabriela Fernández
En esa norma se establece que los bancos "no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada".
No obstante lo anterior, el secreto bancario se practicaba desde mucho antes probablemente como cualquier otro tipo de secreto profesional y se mantenía como un “pacto de honor” entre el cliente y el banco. La única posibilidad de levantarlo era “por resolución expresa del interesado o por resolución fundada de la Justicia penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria”.
Pero a lo largo del tiempo se han ido introduciendo algunas flexibilizaciones.
Año 1986: se autorizó a la Inspección General del Trabajo a poder trabar embargo en las cuentas bancarias de las empresas para hacer efectivo el cobro de multas "sin otra identificación" que el nombre completo o la razón social de la firma.
Año 1991: se extendió esa facultad al Banco de Previsión Social y se incluyó que el secreto bancario "no alcanza a la información obtenida por las empresas que administren créditos interviniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios realizados por terceros".
Año 1998: en la ley 17.016 sobre estupefacientes y lavado de activos donde se establece: “los bancos deberán ajustarse a las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo con la finalidad de prevenir la conversión, transferencia u ocultación de bienes, productos o instrumentos" procedentes del narcotráfico.
Año 2006 (enero): en la ley 17.948 se afirma: “el secreto bancario ampara exclusivamente las operaciones bancarias pasivas", es decir los depósitos
Año 2006 (diciembre): en la ley 18.083 de reforma tributaria se le dio la potestad a la Dirección General Impositiva (DGI) de pedir ante la Justicia penal el levantamiento del secreto en casos de presunción de evasión.
En la actualidad existe una voluntad mundial de levantar el secreto bancario, que se refleja en organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que lo ven como una herramienta vinculada a la evasión de impuestos y al desarrollo de un “mercado negro” mundial financiado con el terrorismo y el narcotráfico.
En abril de 2009 la OCDE coloca a Uruguay en la lista de países que no respetan los estándares internacionales de intercambio de información financiera. En ese mismo mes el Gobierno, a través del entonces ministro de economía Álvaro García envía una carta al Secretario General de la Organización informando su decisión de adoptar "oficialmente" los estándares de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información fiscal.
Desde entonces se ha iniciado un nuevo proceso de flexibilización de la ley con el objetivo de crear una plataforma financiera sólida que atraiga a nuevos inversores. Esta vez se posibilita a la DGI a solicitar en los casos que crea conveniente el levantamiento del secreto bancario con el fin de fiscalizar y con razones fundadas (como se mencionó anteriormente hoy la DGI puede pedirlo sólo en casos de presunción de evasión). De este modo se busca también evitar la doble imposición a nivel internacional y el lavado de dinero.
Esto ha introducido una gran cantidad de discusiones a nivel nacional ya que esta herramienta ha sido a lo largo de todos estos años un elemento beneficioso para nuestro país y algunos actores temen que este tipo de medidas “ahuyente” a ahorristas actuales que en muchos casos son extranjeros.
Si bien hay casos parecidos al uruguayo a nivel de Latino América como es el caso chileno, no podemos establecer a ciencia cierta qué sucederá con los mismos. Lo cierto es que a nivel mundial se está rechazando cada vez más la herramienta del secreto bancario y si nuestro país quiere ofrecer garantías internacionales que le otorguen solidez a su economía debería pensar en modificarlo.
Gabriela Fernández
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