Tras las incesantes presiones que, desde el ámbito internacional, vienen llegando en cuanto a la necesidad de implantar medidas urgentes destinadas al rescate de la economía española, por fin ha reaccionado el gobierno de nuestro país.
Hace menos de un mes, en la tentativa de encauzar la economía española nuestro Presidente anunciaba “del tirón” las reformas a llevar a cabo. Divulgó una decena de medidas y una de ellas ha ido dirigida a lograr una reestructuración en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos mediante una reducción del sueldo de los funcionarios, además de otras actuaciones igualmente orientadas a “apretar el cinturón” por parte de las administraciones autonómicas y las corporaciones locales, responsables del 36% de los gastos del Estado. También afirmó que durante los próximos dos años habrá una reducción de la inversión pública por el importe de 6.045 millones de euros, a los que debemos sumar el recorte previamente anunciado de 5.000 millones en Plan de Austeridad.
Otra de las medidas adoptadas será acabar con la retroactividad en el cobro de las prestaciones como, por ejemplo, la aprobada en Ley de Dependencia, lo que perjudica directamente a las familias que llevan años esperando esta ayuda tan divulgada y publicitada por el gobierno aunque todavía no ha llegado a una inmensa mayoría de necesitados. La siguiente medida incide directamente sobre la disminución del gasto farmacéutico para lo que se disminuirán las unidades de los medicamentos en cada envase. Otra decisión, no falta de polémica, es la eliminación del cheque-bebé, del que tanto se enorgullecía el gobierno y que supuso para el Estado un gasto aproximado de 1.600 millones de euros. Habrá que esperar a enero del 2011 para que este recorte entre en vigor.
Son varias las medidas que han levantado la crispación de muchos y que han motivado un intenso debate político, como es el caso de la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial, a la cual se ha unido la propuesta de aplazar la revalorización de las pensiones hasta 2011, exceptuándose las pensiones no contributivas y las mínimas. Otra decisión que afectará directamente al sector público es la reducción de los salarios en torno al 5% en 2010, su congelación en 2011 y la reducción de los salarios de los miembros del gobierno en torno al 15%. Estas decisiones son sólo algunas de las que ha propuesto nuestro gobierno con vistas a alcanzar una notable reducción del déficit y, sin embargo, quizás no sean las más eficaces en estos momentos pues no se centran en la búsqueda del crecimiento económico, en el aumento de la productividad y consecuente la creación de empleo.
Este drástico recorte a llevar a cabo sobre las rentas públicas no será la solución. Todo lo contrario pues aportará un impacto negativo sobre la economía. Es imprescindible corregir los desequilibrios provocados por esta crisis mediante la implantación de las bases de un crecimiento sostenible a largo plazo evitando así que no se convierta en una simple “puesta de parches para salir del paso”. La primera medida en este sentido debería consistir en un pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas de nuestro país para respaldar y posibilitar un efectivo reajuste mediante la imprescindible estabilidad presupuestaria, lo que conllevaría al descenso de nuestro importante déficit y, a su vez, a una reestructuración del gasto público en todas las administraciones y así permitir el sanieamiento de nuestra tan debilitada economía.
Como se dice, todo llegará y, dentro de unos dos años, veremos si estas medidas conseguirán que el Estado ahorre los prometidos 15.000 millones.
TANIA MARCOS ALONSO
Hace menos de un mes, en la tentativa de encauzar la economía española nuestro Presidente anunciaba “del tirón” las reformas a llevar a cabo. Divulgó una decena de medidas y una de ellas ha ido dirigida a lograr una reestructuración en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos mediante una reducción del sueldo de los funcionarios, además de otras actuaciones igualmente orientadas a “apretar el cinturón” por parte de las administraciones autonómicas y las corporaciones locales, responsables del 36% de los gastos del Estado. También afirmó que durante los próximos dos años habrá una reducción de la inversión pública por el importe de 6.045 millones de euros, a los que debemos sumar el recorte previamente anunciado de 5.000 millones en Plan de Austeridad.
Otra de las medidas adoptadas será acabar con la retroactividad en el cobro de las prestaciones como, por ejemplo, la aprobada en Ley de Dependencia, lo que perjudica directamente a las familias que llevan años esperando esta ayuda tan divulgada y publicitada por el gobierno aunque todavía no ha llegado a una inmensa mayoría de necesitados. La siguiente medida incide directamente sobre la disminución del gasto farmacéutico para lo que se disminuirán las unidades de los medicamentos en cada envase. Otra decisión, no falta de polémica, es la eliminación del cheque-bebé, del que tanto se enorgullecía el gobierno y que supuso para el Estado un gasto aproximado de 1.600 millones de euros. Habrá que esperar a enero del 2011 para que este recorte entre en vigor.
Son varias las medidas que han levantado la crispación de muchos y que han motivado un intenso debate político, como es el caso de la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial, a la cual se ha unido la propuesta de aplazar la revalorización de las pensiones hasta 2011, exceptuándose las pensiones no contributivas y las mínimas. Otra decisión que afectará directamente al sector público es la reducción de los salarios en torno al 5% en 2010, su congelación en 2011 y la reducción de los salarios de los miembros del gobierno en torno al 15%. Estas decisiones son sólo algunas de las que ha propuesto nuestro gobierno con vistas a alcanzar una notable reducción del déficit y, sin embargo, quizás no sean las más eficaces en estos momentos pues no se centran en la búsqueda del crecimiento económico, en el aumento de la productividad y consecuente la creación de empleo.
Este drástico recorte a llevar a cabo sobre las rentas públicas no será la solución. Todo lo contrario pues aportará un impacto negativo sobre la economía. Es imprescindible corregir los desequilibrios provocados por esta crisis mediante la implantación de las bases de un crecimiento sostenible a largo plazo evitando así que no se convierta en una simple “puesta de parches para salir del paso”. La primera medida en este sentido debería consistir en un pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas de nuestro país para respaldar y posibilitar un efectivo reajuste mediante la imprescindible estabilidad presupuestaria, lo que conllevaría al descenso de nuestro importante déficit y, a su vez, a una reestructuración del gasto público en todas las administraciones y así permitir el sanieamiento de nuestra tan debilitada economía.
Como se dice, todo llegará y, dentro de unos dos años, veremos si estas medidas conseguirán que el Estado ahorre los prometidos 15.000 millones.
TANIA MARCOS ALONSO
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