Secreto bancario es el resguardo de la información de los depósitos y de las demás captaciones al que están obligadas las instituciones financieras. Se entiende que esta información forma parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero y que, de no existir dicha norma, cualquier persona podría solicitar información sobre la situación financiera de otra. La prohibición a brindar información alcanza también a las personas físicas que desempeñando cualquier actividad tengan acceso a la información financiera de terceros.
El secreto bancario en Uruguay rige desde 1982, se formalizó mediante un decreto que tipifica como delito y castiga penalmente a las empresas financieras que faciliten información sobre las cuentas corrientes, depósitos y demás conceptos de personas físicas o jurídicas.
A pesar de que el secreto bancario uruguayo es considerado uno de los más severos en el Derecho comparado, la ley contempla situaciones en las que este deber no es aplicable. Así, se han establecido excepciones al régimen, la información bancaria puede ser revelada mediante autorización expresa y por escrito del interesado o por resolución fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria.
El gobierno actual se comprometió a mantenerlo pero constantemente recibe presiones de otros países que entienden que esta ley los afecta y son frecuentes las propuestas que pretenden flexibilizarlo.
El secreto bancario, como casi todo bajo el sol, genera cosas buenas y cosas malas para la pequeña plaza financiera del país. Dentro de los aspectos positivos podemos resaltar que atrae al sistema financiero dinero que, entre otras cosas, intenta resguardarse de los impuestos que cobran otros países. El sistema financiero uruguayo se ha fortalecido gracias al aporte de capitales uruguayos y extranjeros, en especial de los países vecinos, Argentina y Brasil, que encuentran en la plaza bancaria uruguaya ventajas impositivas pero sobre todo, seguridad para sus ahorros.
Entre los aspectos negativos se destaca el hecho de que se oculta la identidad de los ahorristas y el origen del capital y si bien en general el dinero pertenece empresarios que utilizan los bancos uruguayos para refugiarse de la presión fiscal de sus respectivos países, es cierto que también puede provenir de delitos graves como tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. Esto también representa una limitante para control fiscal interno ya que hace difícil detectar evasores que pretenden esconder ventas no declaradas. De todas formas, la bancarización de la inmensa mayoría de la población se limita a las cuentas corrientes donde cobran los sueldos y eventualmente a alguna caja de ahorro.
Otro aspecto negativo del secreto bancario es que no estimula la inversión sino que incita a dejar el dinero en los bancos donde los impuestos son mínimos.
Actualmente nos encontramos ante un nuevo impulso de los países que “marcan la cancha” para levantarlo, rechazan esta herramienta porque afirman que está vinculada a la evasión de impuestos, el terrorismo y el narcotráfico.
En tal sentido, a mediados de 2009, en el marco de una campaña por transparencia fiscal, la OCDE describe al secreto bancario como un escudo para la evasión fiscal e incluyó – por 24 horas - a Uruguay en la lista de países que no respetan los estándares internacionales de intercambio de información financiera.
Esto generó la respuesta inmediata del gobierno que salió en defensa la administración tributaria, resaltando que el país cuenta con acuerdos de intercambio de información financiera con varios estados y que cuando hay presunción de delitos, cualquiera puede solicitar a la Justicia uruguaya el levantamiento del secreto bancario.
Estos hechos han desatado nuevas propuestas de flexibilización que intentan conciliar la existencia de una plaza financiera segura y que atraiga la inversión extranjera con las exigencias internacionales. Entre las propuestas se destaca la posibilidad de que la Dirección General de Impositiva pueda solicitar, en los casos de presunción de evasión, el levantamiento del secreto bancario. Además, no tendrá validez en los acuerdos que se firmen con otros países para evitar la doble tributación.
En mi opinión el secreto bancario es una herramienta que ha beneficiado al país y que sería bueno intentar mantener. Pero creo que también es importante evitar los riesgos que sin duda este conlleva, para ello es menester mejorar e incrementar la cantidad de tratados contra la doble imposición. A través de dichos tratados se podrá se mantener estimuladas a las empresas para que se radiquen en el país ya que más allá del secreto lo que buscan es la seguridad jurídica que no han encontrado en sus países.
El secreto bancario en Uruguay rige desde 1982, se formalizó mediante un decreto que tipifica como delito y castiga penalmente a las empresas financieras que faciliten información sobre las cuentas corrientes, depósitos y demás conceptos de personas físicas o jurídicas.
A pesar de que el secreto bancario uruguayo es considerado uno de los más severos en el Derecho comparado, la ley contempla situaciones en las que este deber no es aplicable. Así, se han establecido excepciones al régimen, la información bancaria puede ser revelada mediante autorización expresa y por escrito del interesado o por resolución fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria.
El gobierno actual se comprometió a mantenerlo pero constantemente recibe presiones de otros países que entienden que esta ley los afecta y son frecuentes las propuestas que pretenden flexibilizarlo.
El secreto bancario, como casi todo bajo el sol, genera cosas buenas y cosas malas para la pequeña plaza financiera del país. Dentro de los aspectos positivos podemos resaltar que atrae al sistema financiero dinero que, entre otras cosas, intenta resguardarse de los impuestos que cobran otros países. El sistema financiero uruguayo se ha fortalecido gracias al aporte de capitales uruguayos y extranjeros, en especial de los países vecinos, Argentina y Brasil, que encuentran en la plaza bancaria uruguaya ventajas impositivas pero sobre todo, seguridad para sus ahorros.
Entre los aspectos negativos se destaca el hecho de que se oculta la identidad de los ahorristas y el origen del capital y si bien en general el dinero pertenece empresarios que utilizan los bancos uruguayos para refugiarse de la presión fiscal de sus respectivos países, es cierto que también puede provenir de delitos graves como tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. Esto también representa una limitante para control fiscal interno ya que hace difícil detectar evasores que pretenden esconder ventas no declaradas. De todas formas, la bancarización de la inmensa mayoría de la población se limita a las cuentas corrientes donde cobran los sueldos y eventualmente a alguna caja de ahorro.
Otro aspecto negativo del secreto bancario es que no estimula la inversión sino que incita a dejar el dinero en los bancos donde los impuestos son mínimos.
Actualmente nos encontramos ante un nuevo impulso de los países que “marcan la cancha” para levantarlo, rechazan esta herramienta porque afirman que está vinculada a la evasión de impuestos, el terrorismo y el narcotráfico.
En tal sentido, a mediados de 2009, en el marco de una campaña por transparencia fiscal, la OCDE describe al secreto bancario como un escudo para la evasión fiscal e incluyó – por 24 horas - a Uruguay en la lista de países que no respetan los estándares internacionales de intercambio de información financiera.
Esto generó la respuesta inmediata del gobierno que salió en defensa la administración tributaria, resaltando que el país cuenta con acuerdos de intercambio de información financiera con varios estados y que cuando hay presunción de delitos, cualquiera puede solicitar a la Justicia uruguaya el levantamiento del secreto bancario.
Estos hechos han desatado nuevas propuestas de flexibilización que intentan conciliar la existencia de una plaza financiera segura y que atraiga la inversión extranjera con las exigencias internacionales. Entre las propuestas se destaca la posibilidad de que la Dirección General de Impositiva pueda solicitar, en los casos de presunción de evasión, el levantamiento del secreto bancario. Además, no tendrá validez en los acuerdos que se firmen con otros países para evitar la doble tributación.
En mi opinión el secreto bancario es una herramienta que ha beneficiado al país y que sería bueno intentar mantener. Pero creo que también es importante evitar los riesgos que sin duda este conlleva, para ello es menester mejorar e incrementar la cantidad de tratados contra la doble imposición. A través de dichos tratados se podrá se mantener estimuladas a las empresas para que se radiquen en el país ya que más allá del secreto lo que buscan es la seguridad jurídica que no han encontrado en sus países.
Ricardo Petrone.
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