En la época del baby boom, los estados se podían permitir el sistema "pay as you go" (las pensiones de hoy se pagan con las contribuciones de hoy). El cambio de la estructura económica (de una economía industrial a una de servicios), de la estructura familiar (las familias son más frágiles, la mujer ya no se queda en casa y los abuelos ya no viven con la familia) y de la estructura social (baja natalidad, un montón de gente que se jubila y vive alrededor de quince años más) ya no es sostenible. No es necesario jubilarse a los 65 ya que el empleo en el sector servicios puede prolongarse. Tampoco es viable mantener una cantidad de beneficios fijos para los jubilados ya que los jóvenes no pueden soportar la carga.
Ante esta situación podríamos encontrar dos recetas:
· Aumentar la edad de jubilación.
· Modificar la estructura de las pensiones.
Reduciendo la edad de jubilación se reduciría el número de pensionistas, ya que no hay ninguna razón por la que un trabajador del sector servicios deba dejar su puesto de trabajo.
Por el otro lado, hay que empezar a pensar en ajustarse el cinturón, las consecuencias depende a quien les afecte: lo soportan los trabajadores (pagando más), lo soportan los jubilados (recibiendo menos) intentando definir un mínimo vital para todos o lo soportamos conjuntamente.
Una cuestión interesante sería la privatización de las pensiones. Esto tiene sentido político: la solución no es agradable para nadie, así que desechandolo de la escena pública, si estuvieras en la piel de un ministro de economía o trabajo, no tendrías que enfrentarte a esta situación. Si fuesen privadas tendría consecuencias redistributivas (las pensiones serán más heterogéneas), pero no reales (la cantidad de ahorro seguirá siendo la misma, las transferencias serán las mismas).
El ahorro en el sistema privatizado podría canalizarse hacia inversiones rentables y provocaría ganancias en eficiencia y crecimiento. Hay dos escollos con esto: si la privatización se hace, habrá que ver quién se queda sin nada en el proceso; la realización práctica de esto es bastante dudoso.
Por ello, un sistema de pensiones que funcione debe ser flexible (adaptarse a los cambios de circunstancias) no como el actual. Los contratos de carácter privados de los fondos de pensiones se caracteriza precisamente por el encorsetamiento a la hora de ajustarlo: se fijan prestaciones fijas a largo plazo, independientemente de la estructura de población. En cambio, un sistema público puede ajustar las prestaciones de forma igualitaria y coordinada, cosa que ahora no se está haciendo.
Concluyendo, existirían dos soluciones en el largo plazo:
· Políticas natalistas: el número de hijos deseados en Europa está muy por debajo del número de hijos reales, políticas como cheques bebé, guarderías públicas, o políticas de compatibilización de la vida laboral y familiar pueden aumentar la natalidad considerablemente (además de reducir el número de divorcios).
· Ser más permisivo con la inmigración: Si no se puede reemplazar a los jubilados con nuestros hijos, al menos hacerlo con los de los inmigrantes.
El tema de las pensiones es un problema con soluciones más o menos desagradables y ninguna de ellas mágicas.
Manuel R. García
Ante esta situación podríamos encontrar dos recetas:
· Aumentar la edad de jubilación.
· Modificar la estructura de las pensiones.
Reduciendo la edad de jubilación se reduciría el número de pensionistas, ya que no hay ninguna razón por la que un trabajador del sector servicios deba dejar su puesto de trabajo.
Por el otro lado, hay que empezar a pensar en ajustarse el cinturón, las consecuencias depende a quien les afecte: lo soportan los trabajadores (pagando más), lo soportan los jubilados (recibiendo menos) intentando definir un mínimo vital para todos o lo soportamos conjuntamente.
Una cuestión interesante sería la privatización de las pensiones. Esto tiene sentido político: la solución no es agradable para nadie, así que desechandolo de la escena pública, si estuvieras en la piel de un ministro de economía o trabajo, no tendrías que enfrentarte a esta situación. Si fuesen privadas tendría consecuencias redistributivas (las pensiones serán más heterogéneas), pero no reales (la cantidad de ahorro seguirá siendo la misma, las transferencias serán las mismas).
El ahorro en el sistema privatizado podría canalizarse hacia inversiones rentables y provocaría ganancias en eficiencia y crecimiento. Hay dos escollos con esto: si la privatización se hace, habrá que ver quién se queda sin nada en el proceso; la realización práctica de esto es bastante dudoso.
Por ello, un sistema de pensiones que funcione debe ser flexible (adaptarse a los cambios de circunstancias) no como el actual. Los contratos de carácter privados de los fondos de pensiones se caracteriza precisamente por el encorsetamiento a la hora de ajustarlo: se fijan prestaciones fijas a largo plazo, independientemente de la estructura de población. En cambio, un sistema público puede ajustar las prestaciones de forma igualitaria y coordinada, cosa que ahora no se está haciendo.
Concluyendo, existirían dos soluciones en el largo plazo:
· Políticas natalistas: el número de hijos deseados en Europa está muy por debajo del número de hijos reales, políticas como cheques bebé, guarderías públicas, o políticas de compatibilización de la vida laboral y familiar pueden aumentar la natalidad considerablemente (además de reducir el número de divorcios).
· Ser más permisivo con la inmigración: Si no se puede reemplazar a los jubilados con nuestros hijos, al menos hacerlo con los de los inmigrantes.
El tema de las pensiones es un problema con soluciones más o menos desagradables y ninguna de ellas mágicas.
Manuel R. García
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